La libertad y la independencia de los abogados

El articulista subraya la defensa del legado de libertad e independencia recibido del anterior decano, Antonio Pedrol, es una línea preferente del programa de la candidatura que integra en la elección del Colegio de Abogados madrileño.

El proceso electoral para designar decano del Colegio de Abogados de Madrid está llegando a su fin ante la proximidad del día 17 cuando se abrirán las urnas para que puedan votar los 30.000 abogados madrileños censados. Formo parte de la candidatura que preside Luis Martí Mingarro y tanto en mi condición de miembro de su Junta de Gobierno como en mi condición de abogado del Colegio de Madrid percibo que ha llegado el momento de afirmarse sin reservas en unos contenidos programáticos con los que luchamos en esta contienda democrática.En líneas preferentes del programa que presentamos se dice que defenderemos con beligerancia, si fuera preciso, el legado de libertad e independencia recibido del anterior decano, Antonio Pedrol. La frase lleva dentro algo más que una simple declaración formal, aunque solemne, de principios, por mucho sentido que tenga en estos momentos acreditar ante el electorado actitudes comprometidas con valores tan consolidados en el Colegio durante los últimos años como la libertad y la independencia.

Para cada uno de nosotros, y, desde luego, para aquellos que nos van a otorgar su confianza, la idea de mantener este legado va más allá del propio programa hasta mover la voluntad personal de seguir amparando en él nuestro futuro. Se explica esta actitud, que, como se dice, es tanto individual como colegial, por el sencillo argumento de que la libertad y la independencia es lo que con mucho esfuerzo hemos conseguido edificar, muchas veces frente a intereses ajenos a los nuestros y con incontables sacrificios, que, sin duda, no faltarán tampoco en adelante.

Si durante los últimos años hemos defendido los intereses de la abogacía gracias a esta libertad e independencia, con ellas tenemos ganado un importante tramo de nuestro porvenir, al tiempo que nos dan fuerza para salir al paso de cuanto atente contra la obra consolidada de este Colegio o de su legado.

Son estos mismos valores los que nos alientan ahora, en medio del fragor electoral de estos días, a proteger la verdad sobre la realidad actual del Colegio de Abogados frente a formulaciones programáticas de nula consistencia y dudosa elegancia como las de quien intenta descalificar nuestro Colegio y nuestro inmediato pasado, intentando exhibir su realidad como algo prácticamente inexistente.

Es poco serio presentarse como candidato para presidir una institución como este Colegio desconociendo su realidad o bien ocultando deliberadamente la verdad. Resulta increíble e impresentable que se nos venga ahora a decir que en la abogacía está todo por hacer. Cierto que el hecho de haber pertenecido a la Junta de Gobierno anterior nos puede hacer acreedores a alguna crítica expresada dentro de la serenidad y la legitimidad democráticas, pero no es menos cierto que también nos acredita como conocedores profundos de sus realizaciones.

Valores básicos

Presidida por la figura del decano Pedrol, hemos sumado el trabajo de todos para conseguir llegar hasta el momento presente en una situación que nos permite afrontar el futuro con confianza y con credibilidad. Hay que decir que, por esto, la voz de la abogacía se ha oído en estos años como nunca en la sociedad española, donde, en el periodo constituyente y en toda la transición política, se ha recibido el mensaje reconfortante de la desinteresada defensa de valores básicos del Estado de derecho llevada a cabo desde nuestro Colegio.

En estos años, el Colegio ha establecido un Centro de Estudios por el que anualmente pasan más de 2.000 compañeros para recibir la formación que anhelan y que no encuentran en otros ámbitos. En tanto los poderes públicos no reconozcan la necesidad de un proceso de formación profesional ad hoc, exigible obligatoriamente, habrá que seguir y perfeccionar esta labor, pero sin negar ni renunciar a lo hecho hasta ahora.

Durante el periodo que ahora termina, y con el trabajo de todos los que hemos participado en él, se han creado centenares de oportunidades, becas y ayudas para los compañeros que empiezan, de tal manera que nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido, con nuestras iniciativas y nuestra dedicación, a la puesta en marcha de esas ideas.

Resulta difícil asumir que a quienes hemos colaborado a la realización y propuesta de permanentes reformas se nos tilde ahora de reformistas conversos. Pedir una ley de la abogacía cuando los principios básicos de nuestro ejercicio profesional (exclusividad de la función, secreto profesional y colegiación obligatoria) están ya reconocidos en una ley como la Orgánica del Poder Judicial, resulta temerario, pues, en un momento político como el presente, las coberturas normativas de nuestra función alcanzadas en 1984 son suficientes y más vale no tocarlas.

El Estatuto General de la Abogacía de 1982 está ahora en un avanzado trámite de reforma que incorpora las aspiraciones del momento. Y las incorpora, entre otras cosas, porque quienes hemos estado representando a la abogacía madrileña no hemos cesado de intervenir en la tramitación de esa reforma para conseguir que el anteproyecto resuelva nuestros problemas estatutarios de la hora actual.

Por todo esto, y por muchas cosas más, estimamos que es profundamente injusto descalificar a quienes hemos estado hace tiempo trabajando para el Colegio y para los colegiados y aportando continuamente dedicación y eficacia. Y es injusto porque acreditar esos valores, y reafirmarse en ellos ahora y en cualquier otra ocasión, no debe servir para descalificar a nadie para el futuro. Es igualmente injusto porque se quiere desconocer otro hecho incuestionable, cual es el de que a esos candidatos, que ya hemos trabajado antes, se nos suman otros 12 abogados de prestigio profesional reconocido que ahora empezarían su trayectoria colegial.