'Caso Macosa': un paso más

El Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona admitió el pasado viernes una querella por estafa presentada por pequeños accionistas de Macosa contra el actual presidente de la empresa, José Ramón Álvarez Rendueles, y el consejero Alberto Cortina. La nueva denuncia amplía las supuestas responsabilidades en el caso Macosa, relacionadas con la venta de unos terrenos en Barcelona, que culminó con el reciente auto de prisión y posterior puesta en libertad bajo fianza de Eduardo Santos, ex presidente de la sociedad y ex subsecretario del Ministerio de Industria.

Los pequeños accionistas de Macosa, representados en esta ocasión por la Asociación para la Defensa del Accionista (ADA), acusan a los cargos del Consejo de Administración de Macosa de inducir a engaño a los inversores que confiaron en su gestión cuando lo que "realmente estaban haciendo era ejecutar un plan preconcebido para distraer a su favor el patrimonio de la sociedad", señala el texto de la querella. José Ramón Álvarez Rendueles y Alberto Cortina -presidente y vicepresidente, respectivamente, del Banco Zaragozano- expresaron a este diario su desconocimiento de los hechos que se les imputan y anunciaron futuras acciones legales contra ADA para defender su "honorabilidad y la rectitud profesional demostrada en la gestión al frente de Macosa".La antigua empresa siderúrgica Macosa pasó a denominarse Corporación Arco en 1989, después de segregar sus activos industriales (adquiridos por GEC-Alsthom) y una vez consumada la entrada de Cofir en el capital de la empresa con una participación del 20%. Cofir culminó su presencia en Macosa en marzo de 1990 con la entrada en el consejo del equipo de Álvarez Rendueles, que sustituyó al del entonces presidente, Eduardo Santos. Posteriormente, Corporación Arco (anteriormente Macosa) inició un proceso de fusión con Cofir que fue aprobado el pasado mes de julio por las juntas de ambas compañías.

La querella de los pequeños accionistas contra los nuevos gestores de Macosa (Corporación Arco) solicita al juzgado la suspensión del canje de la fusión Cofir-Arco como medida cautelar para evitar una supuesta irregularidad producto de la pérdida de valor de las acciones de Macosa. "Cuando adquirirnos estos títulos, los gestores de la empresa nos presentaron una sociedad dotada de un gran patrimonio inmobiliario que posteriormente se ha diluido", señala el representante legal de los minoritarios.El pleito de Diagonal Mar

Cuando Cofir tomó el control efectivo de Macosa, esta empresa era la propietaria de Diagonal Mar, un complejo inmobiliario -valorado en más de 30.000 millones de pesetas por Richar Ellis- situado en el Poblenou de Barcelona, colindante con la Villa Olímpica. Los ex gestores de Macosa -el equipo de Santos en representación del Banco Central- habían iniciado el proceso de venta de Diagonal Mar, que finalmente ha sido adquirido por Kepro por 12.000 millones de pesetas. La entrada de Cofir en Macosa se produjo cuando ya se había vendido el 50% de Diagonal Mar, y para traspasar a Kepro la otra mitad del complejo inmobiliario, los nuevos gestores tuvieron que adquirir Ingesa, una sociedad controlada por Eduardo Santos que tenía la opción de compra del otro 50%. Esta última operación es el núcleo de la investigación que llevó al titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona a dictar un auto de prisión contra Santos, al considerar que el ex presidente de Macosa había cometido una supuesta estafa.

Las acciones judiciales contra Eduardo Santos se iniciaron hace más de dos años, cuando otro grupo de pequeños accionistas demandó a los ex consejeros de Macosa por la revalorización suspuestamente irregular de Diagonal Mar en el ejercicio de 1.988. Se iniciaba entonces un largo proceso que la instrucción del sumario ha ido tejiendo un hilo conductor a partir del cambio de objetivos del grupo Macosa -que fue líder en construcción de material ferroviario-, acosado hoy por la evolución bajista de los precios de sus solares y por el fin de la especulación. Aquella revalorización salvó el ejercicio, pero no la solvencia de la sociedad, que "un tiempo después decidía la venta del activo a un precio muy inferior al que se había tasado", señala un representante de los accionistas que presentaron la primera denuncia a través del bufete jurídico de Francesc Jofresa. La misma investigación derivó hacia la supuesta estafa en la venta de Diagonal Mar y hacia un tercer conflicto, la condonación de 1.500 millones de pesetas correspondientes a los intereses de un préstamo concedido a Macosa por el Banco Central. El juez instructor ha llamado a declarar por este hecho al ex presidente del Banco Central Alfonso Escámez. Este último fue quien, en 1987, tomó la decisión de colocar a Eduardo Santos en la presidencia de Macosa en representación del paquete de control que la entidad tenía en el capital de la empresa siderúrgica.