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Editorial:

Solución necesaria

LA DETENCIÓN, el pasado martes, de dos militantes de Esquerra Republicana (ERC), acusados por el magistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren de presuntas relaciones con la banda terrorista Terra Lliure, ha levantado de nuevo polémica en Cataluña. Hace apenas tres meses, una operación de mayor amplitud, ordenada en aquel caso por el juez Baltasar Garzón, se saldó con la detención de 36 personas, de las que 16 permanecen en prisión y otras 13 están en libertad bajo fianza. Ambas actuaciones han despertado sorpresa -pues al menos una parte significativa de los detenidos hace tiempo que abandonó la violencia-, y algún exabrupto demagógico.El caso de esta, semana tiene, además, la particularidad de que uno de los detenidos, Jordi Vera, acusado de haber desempeñado tiempo atrás cargos de responsabilidad en Terra Lliure, es precisamente uno de los artífices del proceso de disolución de esta banda en julio de 1991 y de la incorporación de sus elementos a la política democrática, en las filas de la independentista Esquerra Republicana, que dirige Ángel Colom. Disuelta la organización terrorista, Jordi Vera recorrió las cárceles en las que se encontraban presos algunos de sus miembros para tratar -no siempre con éxito- de que se sumaran al proceso.

Toda esta elogiable evolución no puede hacerse, sin embargo, obviando un principio básico del Estado de derecho, a saber, que los delitos no pueden quedar impunes. Ni su corolario: cualquier solución a los casos particulares ha de instrumentarse a través de los órganos jurisdiccionales competentes y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Hay elementos suficientes en el Código Pena¡ y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reinsertar a quienes han hecho expresa renuncia de sus actividades delictivas.

Para poner punto final a una actividad delictiva no basta con comunicarlo en una conferencia de prensa y afiliarse posteriormente a un partido democrático o irse a casa. Hace falta saldar las cuentas con la justicia. Y eso porque es una norma básica del Estado de derecho, no una revancha de la sociedad hacia quienes reconocen sus errores. Hay una lógica del proceso judicial -los delitos no prescritos deben ser perseguidos de acuerdo con las leyes vigentes- que nada tiene que ver con las repetidas imputaciones que ha hecho Ángel Coloni de un supuesto dirigismo del PSOE de las actuaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional con el fin de hostigar al independentismo pacífico. Esas imputaciones son irresponsables.

La detención de Jordi Vera ha suscitado un cambio de planteamientos en la dirección de Esquerra. Sus dirigentes han abandonado los argumentos demagógicos y han entrado en el camino de la sensatez y de las soluciones políticas a problemas políticos: propiciar que quienes hayan estado de una forma u otra vinculados a hechos violentos o delictivos se presenten ante los jueces para que salgan a la luz todos los hechos y abordar así las soluciones individuales que en cada caso correspondan. Es el mismo esquema arbitrado, en 1982 por el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, y el diputado de Euskadiko Ezquerra Juan María Bandrés para encauzar, en colabora ción con la justicia, el abandono de la lucha armada de más de 250 militantes de ETA Político-militar que concluyó felizmente en 1987. Es la solución sensata y necesaria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de diciembre de 1992