Derecho de indeterminación

LO MÁS interesante de las informaciones publicadas estos días por EL PAÍS sobre las conversaciones mantenidas el pasado verano por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Herri Batasuna (HB) es, seguramente, que ofrecen la versión del partido radical sobre los planteamientos de su interlocutor en torno a algunas cuestiones que importan a la generalidad de la población. Esa versión refleja, si no la literalidad de las conversaciones, la manera como HB interiorizó su significado político; en ese sentido, resulta relativamente secundaria la discusión sobre si el PNV ofreció formalmente a HB la posibilidad de entrar a formar parte de -un Gobierno de concentración nacionalista (siempre que rompiera con ETA) o:sbse limitó a insinuar esa hipótesis entre otras varias: lo verdaderamente importante es que HB interpretó las palabras del PNV como una propuesta en esa dirección, y que la rechazó por considerar que era cuestión previa el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.Según las actas de HB, la propuesta del PNV formaría parte de un proceso que culminaría en un plebiscito (se supone que de autodeterminación), para cuyo éxito sería clave el apoyo internacional, sobre todo de EE UU y Alemania. Las posibilidades de culminar tal proceso con éxito serían mayores que, por ejemplo, en Cataluña, dada la existencia de un sistema de financiación propio a través de los conciertos económicos.Puede ser que HB haya mentido en sus actas; también, que sus representantes no hayan entendido bien. Pero no habría que descartar la posibilidad de que la sincera voluntad- de convencer a sus interlocutores de la necesidad de cortar con ETA llevara al PNV a extremar las cosas: a exagerar los aspectos compartidos y minusvalorar las diferencias que actualmente separan a ambas formaciones. Esto último sería comprensible desde un punto de vista psicológico. Sin embargo, la experiencia de todos los contactos habidos con HB (o con ETA) indica que ciertos equívocos han dado lugar a gigantescos malentendidos políticos por Parte del mundo radical, con efectos bastante desastrosos. Tanto HB como ETA han tendido a tomarse cualquier concesión más, o menos equívoca como la prueba de que, en el fondo, todos los nacionalistas quieren la independencia, y que la autonomía es sólo la trampa inventada por los enemigos de los vascos para impedir que esa realidad se manifieste.

El fundamento del Pacto de Ajuria Enea es justamente el contrario: el estatuto de autonomía es un acuerdo democrático con el que se identifica la mayoría de los vascos y que garantiza la convivencia entre ciudadanos nacionalistas y no nacionalistas con respeto de los derechos individuales de unos y otros; en Euskadi, la frontera que separa a los que defienden la autonomía dé quienes la combaten es la misma que separa a los demócratas de los que no lo son, los cuales intentan imponer a la mayoría, y mediante la violencia, sus propios planteamientos.

Cuando se iniciaron las conversaciones PNV-HB, algunas voces alertaron sobre el riesgo de que su aceptación equivocara a los radicales sobre su verdadera significación. También se dijo que la principal virtualidad del diálogo era poner a HB en contacto con el mundo exterior: ayudar a sus portavoces a entender que ciertos argumentos de consumo interno (como ese de que el elevado número de presos de ETA demuestra la existencia de dos violencias enfrentadas, y no sólo una) resultan indefendibles en público. Esa pedagogía es difícilmente compatible con concesiones verbales que tiendan a cuestionar o relativizar la autonomía política, o a suscitar falsos problemas que nada tienen que ver con las preocupaciones actuales de los ciudadanos.

Pero no es tanto la autodeterminación como la indeterminación del nacionalismo mayoritario lo que resulta preocupante. No es responsable reprochar al poder central escasa voluntad autonómica y a la vez insinuar a quienes combaten la autonomía que cuando el contenido del Estatuto de Gernika esté plenamente desarrollado será el momento de pasar a la fase siguiente; una fase -imprecisa de la que sólo se sabe que supondrá la ruptura del actual consenso autonómico y democrático.