Portugal da 'luz verde' a un acuerdo con España contra la inmgración ilegal

Manuel Días Loureiro, el ministro portugués de Interior, dará hoy en la cumbre hispano-portuguesa iniciada ayer en Funchal (isla de Madeira) su visto bueno a un acuerdo bilateral sobre readmisión de ¡legales de terceros países que será firmado a principios de 1993, 18 meses después de la fecha inicialmente prevista.

La cumbre bilateral se centró, sin embargo, en la posición de los dos países ibéricos de cara al próximo Consejo Europeo que se celebrará en Edimburgo. El presidente Felipe González se esforzó ayer y seguirá intentando hoy radicalizar la oposición de su homólogo luso, Aníbal Cavaco Silva, a las propuestas del primer ministro británico, John Major, sobre el aumento del presupuesto de la Comunidad Europea (CE).En cuanto al convenio bilateral sobre inmigración, Portugal se ha resistido a suscribirlo porque es consciente de que, como reza un informe de la Dirección General de Política Interior del departamento que dirige José Luis Corcuera, las tres cuartas partes de los inmigrantes ¡legales que entran en España lo hacen a través de su frontera.

Hasta ahora, Dias Loureiro se esforzó, sin embargo, sin éxito por limitar la readmisión a los extranjeros que crucen la frontera española después de haber permanecido un mínimo de 10 días en Portugal. Apenas llegados en avión a Lisboa, los latinoamericanos y africanos que tienen la intención de buscar trabajo en España se apresuran a tomar un tren o un autobús que les acerque al confín español, que intentarán atravesar cuanto antes. Su estancia en Portugal casi nunca excede las 24 horas.

González y Cavaco Silva iniciaron ayer por la tarde en la isla de Madeira su novena cumbre, en la que también participan una decena de ministros, incluidos, por primera vez, los titulares de Interior.

Mayor solidaridad

La cimeira, como llaman los portugueses a estas reuniones, está esencialmente dedicada a la preparación del Consejo Europeo del viernes y sábado próximos en Edimburgo (Escocia), en el que la diplomacia española desearía que los dos países ibéricos luchen contra la oferta británica, calificada por España de "cicatera", y logren una mayor coordinación en defensa de los intereses de los socios menos desarrollados de la CE para obtener así una mayor solidaridad (cohesión) de los Estados prósperos."El Gobierno español", señalaba el martes la agencia de prensa Lusa, "alega que es el que más da la batalla política, diplomática y de opinión pública en defensa del fondo de cohesión", cuyo objetivo es ayudar a las economías de España, Portugal, Grecia e Irlanda a converger con las de sus socios más ricos, "y detrás de su carro se colocan otros países que, en definitiva, sacan proporcionalmente un mayor provecho". Mientras para los países pequeños las transferencias comunitarias pueden suponer hasta un 5% de su PIB, para España se sitúan en torno a un 0,3%.

El ánimo batallador español frente a la relativa tibieza de un Portugal siempre sensible a su vieja alianza con el Reino Unido quedó puesto de manifiesto, en opinión de fuentes diplomáticas, por la diferente reacción en Madrid y Lisboa a la oferta presupuestaria que Major hizo el martes en ambas capitales y que recorta sustancialmente incluso la menos generosa de las propuestas de la Comisión Europea.

Mientras en la Moncloa González tachaba el plan británico de "insuficiente en su conjunto" y daba a entender que era innegociable, ese mismo día Cavaco Silva declaraba tras recibir al primer ministro: "No es el momento de ahondar diferencias".