La defensa de Juan Guerra tacha el proceso de "extorsión política" y pide su absolución

El ahogado de Juan Guerra, Antonio Mates- dijo ayer que el proceso judicial contra su cliente supone "una forma de extorsión política sin precedentes, que reúne un grado de sadismo grave". Mates insistió en la sistemática vulneración de derechos que, a su juicio, se ha cometido durante la instrucción, y concluyó: "Ha existido una corruptela generalizada, no sólo del juzgado de instrucción". El juicio contra Juan Guerra y sus tres socios en Fracosur, S A, quedó ayer visto para sentencia tras el informe de las defensas.

Antonio Mates dejó ayer el peso de la defensa al abogado de José María Ramos Reina, socío de Juan Guerra en Fracosur, no sin antes denunciar -en un tono agrio y crispado- la indefensión sufrida por su cliente durante los tres años de la instrucción dirigida por el juez Ángel Márquez. Dijo Mates: "El proceso ha sido artificiosamente montado, con finalidad política, hipócrita, y ha manchado la dignidad de las personas que en él se han visto envueltas".El letrado de la defensa acusó también al juez instructor y a las acusaciones de haber creado un proceso con "confusión, vaguedad, irregularidad, falta de seriedad e inconcreción de las penas solicitadas". Y aún añadió: "Más que en el estrado de la defensa parece que estoy en un pim pam pum de verbena".

Mates retomó, no obstante, los argumentos utilizados el pasado lunes para solicitar la suspensión del juicio y la nulidad de la instrucción. Insistió en que la ley utilizada por Ángel Márquez para abrir el proceso estaba derogada; que la única declaración de Juan Guerra fue tomada en calidad de testigo y que, por tanto, carece de validez; y, por último, que los documentos y libros de Fracosur se obtuvieron gracias a una diligencia de entrada y registro desproporcionada.

El abogado de Guerra concluyó: "Como nada queda en pie, entonces se intenta darle a este cadáver la savia de las diligencias del ministerio fiscal, pero eso no es posible".

El otro juicio

Aurelio Tejera, el letrado de Ramos Reina, inició su alegato con un duro ataque a la prensa: "El otro juicio se ha metido en la sala. Estos ciudadanos ya han sido juzgados y condenados y han llegado aquí con las penas cumplidas". Tejera insistió en que la presunción de inocencia tiene que ser respetada por todos, y criticó a los periodistas por haber "enturbiado las relaciones familiares de los acusados con juicios de valor".

El abogado de Ramos Reina dijo que "la tesis del fiscal es jurídicamente insostenible", y basó en tres supuestos. la inexistencia del delito fiscal. Según Tejera, la ley del impuesto de sociedades no contempla el descubrimiento de un patrimonio oculto, y no equipara este patrimonio oculto a un incremento patrimonial de Fracosur como sucede en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por ello, según esa tesis, sólo sería aplicable a este caso el reglamento de la ley, que únicamente preve sanciones administrativas y no penales.

Tejera defendió en segundo lugar que Fracosur era una sociedad de mera tenencia de bienes, y por tanto, sujeta al régimen de transparencia fiscal. "Tiene obligatoriamente que acogerse a este régimen por tres causas", dijo el letrado: "Tiene menos de 10 socios; más del 50% de su activo fijo está inmobilizado; y es una sociedad de mera tenencia de bienes".

Por último, el letrado de Ramos Reina volvió a intentar convencer al tribunal con el ajuste contable practicado en la sala por el perito Severiano LóPez Martín sobre las cuentas de Fracosur, aun a costa de admitir que los apuntes en los libros de la sociedad se realizaron en fecha posterior a los movimientos reales.

El juicio quedó visto para sentencia tras el alegato de José Antonio Santamaría, letrado de José Antonio Bellamy y Carlos Pulido, quien suscribió todo lo anteriormente expuesto por sus compañeros de defensa. "No encontraría una sola palabra mejor para decir", concluyó.

De otro lado, el diputado andalucista Salvador Pérez Bueno interpeló ayer al Gobierno sobre los motivos del despliegue policial durante el juicio a Juan Guerra.