Empresas y, empleo

LOS DATOS que acaba de hacer públicos la Central de Balances del Banco de España confirman la evolución negativa de los resultados empresariales en el pasado ejercicio, de acuerdo con otros indicadores expresivos de la desaceleración de la actividad económica, como la Encuesta de Población Activa (EPA). Por primera vez en los últimos 10 años, el resultado bruto del promedio de las 4.702 empresas informantes (públicas y privadas) fue, durante 1991, inferior al del año anterior en un 2,4%, con el consiguiente efecto sobre los beneficios netos después de impuestos, que cayeron un 37%. Una situación que refleja, en definitiva, la falta de competitividad de las empresas y la incapacidad para aumentar sus ventas en los mercados exteriores y para defender el mercado interior de la penetración de las importaciones.Los responsables del Banco de España, en la primera explicación aportada al presentar los citados resultados, señalaron que la insuficiencia en la generación de valor añadido de las empresas censadas está determinada por los aumentos de costes. En todo caso, se trata de una explicación que no puede ser considerada como suficiente. Es de todo punto cierto que las empresas españolas, en general, soportaron el pasado año costes financieros sensiblemente superiores a los de sus principales competidores. También lo es que las empresas que forman la muestra han experimentado un crecimiento de los gastos de personal de un 10,6%, dos décimas más que en 1990.

Pero no es menos cierto que las posibilidades competitivas de las empresas y, en consecuencia, el origen de sus limitaciones deben localizarse también en factores adicionales a los costes y a los precios: la adecuación de las organizaciones empresariales, la calidad de la gestión, las limitaciones estructurales de nuestra economía, la menor eficacia de nuestros servicios públicos, las regulaciones existentes en numerosas actividades y, en general, la ausencia de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de oferta de la economía, ponen igualmente de manifiesto diferencias notables con las condiciones existentes en los países competidores.

Ahora bien, esto no ha de impedir afrontar las reformas necesarias en el mercado de trabajo, tanto más justificadas cuanto más visibles son los efectos de la desaceleración económica sobre el empleo, pero siendo conscientes de esa diversidad de factores sobre los que es preciso actuar para mejorar el funcionamiento de la economía. La evolución del mercado de trabajo en el tercer trimestre de 1992, según los datos quebizo públicos la EPA hace una semana, ratifican con contundencia los efectos de la desaceleración en que está inmersa la economía española- 45.3 10 puestos de trabajo destruidos en un trimestre caracterizado por la creación de empleo, dada la mayor intensidad de traba os de temporada. En el mismo trimestre del pasado año se crearon 55.000 empleos. En el conjunto de los últimos cuatro trimestres han sido 264.640 los empleos que han desaparecido.

Al mismo tiempo, el aumento del paro por quinto trimestre consecutivo alcanzó a 102.900 personas entre julio y septiembre y sitúa la cifra total de desempleados en 2.788.940 personas, el 18,35% de la población activa, dos puntos por encima de los niveles de hace un año. Tanto el descenso del empleo como el aumento del desempleo han afectado especialmente al sector industrial y a la construcción, al tiempo que se manifiesta una reducción significativa en el número de contratos indefinidos: el 34% de los asalariados tenían contratos temporales al final de septiembre.

Como ha señalado el propio ministro de Economía, pocos paliativos pueden esgrimirse ante la elocuencia de esos datos. Junto a ellos, el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer un aumento en el número de suspensiones de pagos: en los nueve primeros meses del año, las deudas declaradas por tal concepto alcanzan los 400.000 millones de pesetas, un 88% superior a las correspondientes al conjunto de 199 1. Indicadores que vienen a añadirse al crecimiento preocupante de la morosidad en el sistema bancario o al descenso de la inversión extranjera.

El explícito, aunque tardío, reconocimiento por Carlos Solchaga de la conveniencia de un pacto entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno que asuma los elementos propios de una política de rentas (limitaciones al crecimiento de los salarios y de los beneficios distribuidos) se presenta de complicada concreción en las circunstancias actuales. Probablemente, los resultados con que nos alerta la EPA hubieran sido menos desoladores si esa voluntad de concertación se hubiera puesto sobre la mesa en el momento en que emergieron los primeros síntomas de desaceleración y las dificultades para reducir los principales desequilibrios de nuestra economía.