El contable de Juan Guerra en Fracosur desbarata el informe pericial de la defensa

El contable de Juan Guerra en Fracosur S. A., Miguel Pastor, reconoció ayer que los apuntes contables de esta sociedad se realizaron fuera de plazo y sin justificación documental alguna, atendiendo tan sólo a las comunicaciones verbales de los socios. Pastor desbarató la prueba pericial de la defensa al ampliar el concepto de caja única al de tesorería, y avaló, de paso, la teoría de los inspectores de finanzas de] Estado. El contable llegó a admitir: "La llevanza del diario no acababa de ser ortodoxa; en un trabajo de auditoría no se hubieran aceptado esos apuntes".

El contable llegó a reconocer, a preguntas del juez Conrado Gallardo, que nunca podría haber llevado las cuentas de Fracosur de otra forma, puesto que sólo conoció la póliza del crédito, de 79 millones de pesetas, concedido por Banesto a Juan Guerra. Cuando el fiscal Alfredo Flores preguntó por qué se había contabilizado esa operación en el capítulo de ingresos, Miguel Pastor respondió: "¡Porque en algún sitio había que ponerlo!".Durante la sesión de ayer, Francisco César Lorente, jefe de gestión de la empresa pública Ensidesa, reconoció ante el tribunal que la venta de la finca La Carrascosa fue suscrita, el 28 de octubre de 1988, en el despacho que Juan Guerra tenía en la delegación del Gobierno en Andalucía, y en el que, en teoría, ejercía las labores de asistente de su hermano Alfonso, entonces vicepresidente del Gobierno. El representante de Ensidesa reconoció que la finca, que la empresa pública adquirió en 52 millones de pesetas, fue vendida a Fracosur por 20 millones, y después de que dos subastas quedasen desiertas. Francisco César Lorente reconoció la existencia de una auditoría encargada por Ensidesa en la que los peritos advertían de las "expectativas de urbanización" de la finca rústica. De los cinco testigos citados ayer a declarar por el juez Conrado Gallardo, sólo lo hicieron Miguel Pastor y Francisco César Lorente. Isabel García Valverde, compañera sentimental de Juan Guerra, presentó un certificado médico en el que se justificaba su ausencia por "un síndrome catarral", mientras que José Javier Porcar, socio de Estuarios y Calas del Mediterráneo -empresa que avaló a Guerra ante Banesto en el préstamo de 79 millones-, envió otro certificado: "Padece una posible cardiopatía isquémica, aunque de reciente comienzo".

Ambas excusas motivaron las risas del público y las protestas de la acusación. El otro testigo, Adolfo de Bernardo, empresario valenciano, se negó a declarar alegando su imputación en otra trama del caso Guerra.