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Preocupación y desconcierto en las Cortes por la sentencia que limita la inmunidad parlamentaria

La sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el acuerdo del Senado de no conceder autorización para proceder contra el parlamentario del PSOE Juan González Bedoya causó ayer desconcierto en medios parlamentarios. La mesa del Senado expresó su "preocupación" por la sentencia y el presidente de la Cámara manifestó que la resolución "es casi de imposible cumplimiento". Fuentes del Constitucional resaltaron que lo que el alto tribunal no ha hecho es conceder la autorización para proceder contra el senador, por lo que la Cámara alta deberá pronunciarse de nuevo.

La sentencia del Constitucional retrotrae las actuaciones al momento en que el Tribunal Supremo cursó el suplicatorio. Si el Supremo decide enviarlo nuevo, el Senado tiene la opción de conceder la autorización o volverla a denegar, pero "motivadamente", en los términos que indica la sentencia del Constitucional. Fuentes de este tribunal precisaron ayer que1a sentencia "lo que no ha hecho ha sido conceder la autorización para proceder" ni levantar la inmunidad del senador.González Bedoya había llamado en los medios de comunicación "cursi, autoritario, maleducado, impertinente y chulo" al presidente del Gobierno de Cantabria, Juan Hormaechea, y le acusó de "repartirse comisiones con sus amigos mexicanos" tras la compra de un toro semental.

"Me parece una decisión trascendental. En Francia, fuera de los periodos parlamentarios, los diputados carecen de inmunidad", declaró Juan Hormaechea tras conocer la sentencia, informa Jesús Delgado. "En un debate parlamentario hay siempre unas normas, lo mismo que una actuación política. Espero que esto se acabe desde ahora", añadió.

González Bedoya, después de conocer la sentencia, manifestó: "Aquellas críticas eran diagnósticos, no eran insultos. El tiempo me ha dado la razón, y lo que dije entonces sobre Hormaechea lo repite ahora hasta Aznar".

El titular de la Cámara alta, el socialista Juan José Laborda, consideró "casi de imposible cumplimiento" la sentencia, debido a que no sólo invalida lo aprobado por el pleno del Senado, sino que, "en la práctica, produce una especie de casación en el Supremo, porque también anula la decisión de este tribunal de archivar la causa". Tras expresar su preocupación por el hecho de que la sentencia implique que la inmunidad parlamentaria ya no queda a disposición del Senado, Laborda aseguró que "supone un cambio cualitativo respecto a la doctrina anterior y una interpretación Muy restrictiva" de la prerrogativa de senadores y diputados.

El vicepresidente del la Cámara alta, el socialista Bernardo Bayona, estima que la sentencia del Constitucional desaparece de hecho la inmunidad parlamentaria.

El portavoz del grupo socialista en la comisión de suplicatorios del Senado, Jose Ramón Herrero Mederiz, dijo ayer que acata pero no comparte la sentencia. Herrero Mederiz consideró acertados los argumentos utilizados por el Senado en relación con la. petición del Tribunal Supremo porque "lo fueron en el ejercicio de una función estrictamente política" y en el contexto de una campana electoral.

Herrero también expresó su preocupación por el peligro advertido en varios votos particulares de magistrados del Constitucional de que éste se convierta en una comisión de suplicatorios y sustituya al Congreso y al Senado en una facultad que les otorga la Constitución.

Inmunidad relativa

El diputado del Partido Popular y vicepresidente del Congreso, Federico Trillo, afirmó que la sentencia "es de extraordinaria importancia y, aunque se refiere sólo a un caso concreto, exige una reflexión profunda por parte del Congreso y del Senado". Para el portavoz del Partido Popular, la sentencia abre vías muy nuevas y supone una relativización del concepto de inmunidad" aunque, en su opinión , no invade la plena autonomía de las Cámaras legislativas para seguir pronunciándose sobre las peticiones de suplicatorio por parte de los tribunales.

Por su parte, el portavoz del grupo centrista, José Ramón Caso, manifestó que esta sentencia del Constitucional puede crear "una doctrina peligrosa" para otros supuestos. Según Caso, en este supuesto concreto podría no haber problemas para la concesión del suplicatorio, pero añadió: "Si uno piensa en determinados supuestos que se pueden producir, de utilización partidaria de las querellas o de intentos de implicar penalmente a parlamentarios, esa doctrina puede ser peligrosa".

En opinión del diputado de Izquierda Unida José Luis Núñez, la decisión del Tribunal Constitucional carece de relieve, no es la primera que se produce y hubo otra anterior que afectó al ya fallecido senador socialista Carlos Barral.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de diciembre de 1992

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