La presidencia británica, en horas decisivas

Antes de empezar el semestre de la presidencia británica de la Comunidad, todo apuntaba a un freno en el avance hacia la culminación del proceso de ratificación de los acuerdos de Maastricht y, por consiguiente, a una negociación lenta y con tacañería de las perspectivas financieras del próximo cuatrienio, lo que llamamos el paquete Delors II. La realidad ha sido mucho más dura, ya que no sólo el ritmo ha sufrido un frenazo espectacular, sino que el Gobierno conservador británico ha aprovechado todos los elementos desfavorables de la coyuntura para expandir una atmósfera degradadora de los modestos avances que representan los acuerdos de Maastricht, en especial en lo que se refiere a la política de cohesión, que por primera vez adquiere la consideración de objetivo fundamental de la Comunidad Europea, junto a la Unidad Política y la Unión Económica y Monetaria. Coherentemente en su concepción, el Gobierno británico ha torpedeado las propuestas financieras. Estamos, pues, en una situación comunitaria objetivamente compleja y dificil, marcada por la acción política de los conservadores británícos para desnaturalizar los acuerdos de Maastricht, eliminando todo aquello que signifique control democrático supraestatal y redistribución solidaria de los recursos.En el folleto editado por In¡ciativa per Catalunya sobre Maastriclit decíamos ya: "Es importante subrayar que a la tendencia -que podemos personalizar en el Gobierno británico- de hacer de Europa un espacio de libre cambio no regulado y con instituciones débiles hay que oponer una actitud, en el seno de la cual entendemos que debería situarse el conjunto de la izquierda, que impulsase una Comunidad concebida como un espacio económico organizado que se plantea una redistribución más justa de los recursos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas comunitarias".

La ofensiva devaluadora ha seguido diversos caminos; uno de ellos -no por indirecto menos importante- ha sido la campaña de descrédito de la Comisión Europea y de su presidente, Jacques Delors. Detrás de la acusación genérica del poder de los burócratas de Bruselas había un ataque a las iniciativas comunitarias que escapan del control directo de los Gobiernos, escondiendo así que la verdadera burocracia se halla, en todo caso, a nivel del COREPER, el organismo técnico que prepara las reuniones a puerta cerrada del Consejo Europeo, es decir, de los representantes de los 12 Gobiernos, y escondiendo al mismo tiempo que la solución auténtica sería hacer públicas y transparentes las reuniones de ministros y dotar de pleno poder democrático de control al Parlamento Europeo.

Pero esta operación de acoso y derribo, que se ha intensificado ante el proceso de negociación del GATT, se ha acompañado de acciones políticas directas, entre las cuales la más significativa- ha sido el debate en la Cámara de los Comunes planteado por Major y sus consecuencias.

El primer ministro propuso una resolución muy genérica sobre el proceso de construcción europea, una resolución que no implicaba la aprobación de los acuerdos de Maastricht. A pesar de ello, los conservadores más reticentes se opusieron, mientras que los laboristas -dado que la resolución no suponía una aprobación formal de los acuerdos de Maastricht y que una votación negativa significaba la caída de Major y la convocatoria de nuevas elecciones- también se opusieron. El resultado fue favorable por poquísima diferencia a la propuesta del primer ministro, que anunció, inmediatamente, que la votación específica sobre los acuerdos de Maastricht tendría lugar el año que viene, después del nuevo referéndum danés. Esta decisión no sólo retarda claramente todo el proceso, sino que, además, introduce un elemento condicionante altamente negativo: la celebración de un nuevo referéndum en Dinamarca. Un referéndum que ya no sólo sería sobre los acuerdos de Maastricht, sino sobre condiciones restrictivas a partir de las cuales dispondrían de unos acuerdos a la carta.

Siete partidos daneses -entre ellos, también los de izquierda que pidieron el no- han redactado un documento de condiciones que entiendo que marcará negativamente todos los aspectos de avance unitario supranacional europeo. No es aventurado interpretar que Major espera encontrar en esta posición un argumento más para su voluntad devaluadora de los acuerdos de Maastricht y un apoyo directo a las posiciones anticomunitarias de su partido, entrando plenamente en el mercado único del 93 sin los elementos reguladores que implican los acuerdos de Maastricht y sin ningún compromiso con la política de cohesión, que en los nuevos tratados adquiere una nueva dimensión comunitaria.

No es extraño, pues, que las perspectivas financieras que había presentado Delors no sólo hayan sufrido un retraso evidente en su cuantificación, sino que hayan sido objeto de una contrapropuesta del Gobierno británico que puede calificarse de cínica y provocadora.

En este contexto, parece justo reconocer la gravedad del momento actual y la necesidad de movilizarse para evitar la degradación, definir objetivos claros y sumar esfuerzos. Una pri-. mera medida debería ser orientar toda la movilizacion popular crítica que han desatado la negociación cupular a espaldas de la opinión pública y las insuficiencias de los acuerdos, para evitar que se nos escamoteen los avances conseguidos, exigiendo la rápida aceleración del proceso a fin de que el retraso no beneficie a los sectores europeístas más conservadores, denunciando las maniobras demagógicas contra la Comisión Europea y su presidente, no aceptando las pretensiones de compromiso parcial y a la carta que proponen los siete partidos daneses y exigiendo la aprobación global y urgente de los contenidos originales del paquete Delors II como garantía contable de la credibilidad de la política de cohesión, que es un elemento fundamental de la construcción europea, paralelo y con la misma importancia que la Unión Política y la Unión Económica y Monetaria.