La Comisión de Valores propone multas de más de 1.000 millones a Sistemas Financieros

/ J. RIVERA La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha propuesto multas por valor de más de 1.000 millones de pesetas a Sistemas Financieros y sus consejeros como consecuencia de su implicación en el caso Ibercorp. Los 12 expedientes abiertos -11 por la CNMV y uno por la Dirección General de Transacciones Exteriores- también contemplan la inhabilitación de Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo y serán recurridos por los abogados de las empresas y personas implicadas.

Las diferentes propuestas de sanción de la Comisión afectan básicamente a Sistemas Financieros, Grupo Financiero Ibercorp e Ibercorp Bolsa, además de a los ex propietarios Manuel de la Concha, Benito Tamayo y Jaime Soto.En concreto, el monto total de las multas impuestas a Sistemas Financieros, sociedades satélites y consejeros asciende a más de 1.000 millones de pesetas. Precisamente ayer se celebró, en el juzgado de instrucción número 61 de Madrid, la junta de accionistas de Sistemas Financieros. En ella se nombró un nuevo consejo de administración. Inmediatamente después, este consejo celebró su primera reunión en la que se decidió presentar alegaciones a los expedientes abiertos en el plazo de ocho días, que pueden ser prorrogados hasta doce. Uno de los nuevos consejeros de Sistemas Financieros manifestó ayer que "es inconcebible que después de haber jugado con el valor de nuestras acciones, ahora tengamos que hacer frente a esta elevadísima multa".

Fue el descubrimiento de la falsedad de los listados de vendedores de acciones de Sistemas Financieros, lo que abrió el escándalo Ibercorp. A principios del pasado mes de febrero, se desveló que De la Concha había eliminado de esas listas a diversas personalidades de la vida política y económica española, entre las que figuraban el anterior gobernador del Banco de España, Mariano Rubio y el ex ministro Miguel Boyer. Además, se pudo comprobar que De la Concha y Soto habían omitido sus ventas propias con un entramado de sociedades fantasma, a través de las que realizaron una compleja opera ción de autocartera.

Las multas a las empresas que formaban el resto del entramado Ibercorp -Grupo Finanaciero Ibercorp, Ibercorp Bolsa- superan los 100 millones de pesetas. Según fuentes jurídicas, la Comisión, que sigue manteniendo un mutismo absoluto, ha confeccionado este conjunto de multas en virtud del artículo 102 a) de la Ley del Mercado de Valores que recoge que las infracciones muy graves podrán tener multas "de entre el tanto y el quíntuplo del dinero ganado hasta un límite del 5% de los recursos propios de la entidad".

Sanciones personales

Al margen de las sanciones a las empresas, los expedientes contienen multas a De la Concha, Soto y Tamayo, que ascienden a varias decenas de millones de pesetas, así como su práctica inhabilitación definitiva para operar en Bolsa.

Uno de los. 12 expedientes -el incoado a Ibercorp Bolsa por manipular el valor de las acciones de Sistemas Financieros durante 1990- *propone sendas multas de dos millones de pesetas e inhabilitación de cinco años para De la Concha y Soio. El expediente sobresee al resto de los consejeros de la entidad, al considerar que De la Concha y Soto actuaban sin informar al resto del consejo, hasta el punto de que no existía libro de actas.

La reacción de los implicados no se ha hecho esperar. El abogado Ramón Hermosilla continuará con la defensa de los expedientes de Sistemas Financieros, Jaime Soto y Benito Tamayo. Hermosilla declaró ayer a EL PAS que "una vez recibida la propuesta de sanciones de la resolución de la CNMV tenemos un plazo de ocho días, prorrogable por otros cuatro, para presentar las alegaciones. De momento, estamos recabando la documentación pertinente para presentar la respuesta oficial".

Por su parte, Manuel de la Concha ha decidido cambiar de abogado. Hermosilla ya no será su representante, lugar que pasa a ser ocupado por el penalista Miguel Bajo, que ya le defendió en las querellas presentadas contra él.

Una vez presentadas estas alegaciones, la Comisión deberá emitir una resolución definitiva que pasará a estudio de su comité consultivo. En caso de que este comité siga manteniendo la consideración de faltas muy graves, la decisión definitiva quedará en manos del ministro de Economía.