Solchaga reconoce que la economía empeorara en 1993 e insiste en el rigor del plan de convergencia

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, reconoció ayer la gravedad de la situación económica española y el empeoramiento durante el próximo año, aunque animó a los representantes del mundo empresarial a perseverar en la política de moderación salarial e insistió en el cumplimiento riguroso del programa de convergencia con la CE. Por su parte, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, dijo ayer en el Senado que el crecimiento de la economía será este año del 1,3%, dos décimas menos de las últimas previsiones del Gobierno, que lo mantiene en él 1,5%.

Solchaga aprovechó el foro de las jornadas que organiza anualmente en España el diario británico The Financial Times, para reafirmar la voluntad del Gobierno en mantener el rigor de una política basada en la lucha contra la inflación y los desequilibrios básicos de la economía española. El ministro dejó muy claro que el Ejecutivo no piensa caer en la tentación de plantear políticas keynesianas de relanzamiento artificial de la actividad económica. "No estamos dispuestos", dijo, "a generar un estímulo artificial de la economía, vía presupuestaria o vía reducción de tipos de interés, que pueda poner en peligro la consecución del crecimiento estable y no inflacionista".

La intervención del ministro tuvo tres fases bien diferenciadas. En primer lugar, Solchaga reconoció la gravedad de la situación. "Parece claro que todos habíamos infravalorado", explicó, "las consecuencias negatívas que se derivan del sobreendeudamiento de las familias, las empresas y las administraciones públicas, de la desaceleración económica, de la evolución de los salarlos reales y de los altos tipos de interés". Predijo una nueva reducción de las tasas de crecimiento económico en Europa, que situó por debajo del 1% para el próximo ejercicio y aseguró que no bajarán los tipos de interés.

Dicho esto, Solchaga lanzó un segundo mensaje, más optimista, basado en la necesidad de recuperar la confianza de los inversores ante la nueva etapa que se avecina. "La situación económica es ciertamente difícil, pero en modo alguno irresoluble", dijo antes de reafirmar la voluntad del Gobierno de no renunciar a que España se integre en la Europa de Maastricht y a olvidar cualquier estímulo artificial.

Enlazó entonces con lo que viene siendo el leitmotiv de su política económica: la moderación salarial como fórmula para contener la inflación. "La negociación salarial del próximo año va a ser un test de importancia crítica para nuestro futuro económico inmediato", dijo tras aludir a la excesiva rigidez del mercado laboral.

A su juicio, "si los agentes económicos se muestran sensibles a la actual situación económica, el próximo ejercicio puede marcar el inicio de un cambio radical y en la situación de nuestro mercado del trabajo".

Por su parte, el director general de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, insistió en el diagnóstico pesimista de la situación, expuesto a principios de semana por la autoridad monetaria, y subrayó lo que el gobernador, Luis Angel Rojo, había afirmado previamente en el Senado: que el crecimiento económico será del 1,3%. Ambos coincidieron con Solchaga en la necesidad de mantener la ortodoxia económica, mediante la moderación salarial y la reducción de los desequilibrios básicos de la economía, aunque Ministerio y Banco de España tienen pareceres distintos con respecto a las predicciones de crecimiento.

Plan de infraestructuras

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, anunció el próximo envío al Parlamento entre diciembre y enero del plan director de infraestructuras que planifica la inversión pública para los próximos 15 años. Este programa debía de haber sido aprobado por el Gobierno después del verano. Borrell explicó que el plan abre un nuevo ciclo iriversor, "tras el enorme esfuerzo realizado hasta 1992 y que mantiene la perspectiva de destinar un 5% del PIB a las inversiones públicas".

En las jornadas participó también el presidente del Banco Central Hispanoamericano, José María Amusátegui, quien afirmó que "la banca española debería racionalizar su red de oficinas mediante la reducción de su número y el aumento de, su tamaño, si quiere ser competitiva en la Comunidad Europea". "Este proceso de concentración de la red de oficinas", añadió, "tendrá unos costes importantes a corto plazo por las rigideces del mercado laboral español". Por su parte, el presidente de Argentaria, Francisco Luzón, defendió el papel de la banca pública en la Europa de Maastricht, al margen de modelos tradicionales de financiación.