El Gobierno considera legal la venta de datos publicados en las guías telefónicas

El Gobierno afirma que los datos de las guías telefónicas son de acceso público y, por ello, utilizables y transmisibles, según una respuesta al PP. A partir de 1993, sin embargo, Telefónica tendrá que pedir permiso si desea continuar con este negocio.

En su respuesta al diputado del grupo popular, Jorge Fernández, el Gobierno explica que Cetesa, compañía filial de Telefónica, edita, distribuye y explota comercialmente las guías telefónicas, en cualquiera de sus soportes, papel o telemático. Añade que esta compañía a través de su línea de negocios Coditel proporciona datos que existen en las guías telefónicas "de carácter absolutamente público" y son "utilizados por las empresas siguientes en sus actividades de marketing, directo".El razonamiento del Gobierno se extiende en que Coditel "no comercializa el dato en sí mismo, sino el servicio de proporcionar, en distintos soportes, los datos que figuran en las guías y segmentarlos en base a criterios que pueden deducirse de estos datos".

Mientras el diputado afirmaba en su pregunta que Cetesa-Coditel suministra direcciones de usuarios con arreglo a su nivel económico, el Gobierno lo desmiente al asegurar que "Coditel ni tiene por que conocer, ni conoce la situación económica de los abonados al servicio telefónico". En la misma respuesta se añade que "el abonado es consciente de que, salvo voluntad expresa en contra, figura en las guías telefónicas y que "tercera9 personas puedan copiar estas guías para enviar información de diversa índole". La respuesta gubernamental recuerda que cualquier abonado puede pedir la exclusión de sus datos en la guía telefónica.

Contra la buena fe

Tanto la Unión de Consumidores de España (UCE), como la Comisión de Libertades Informáticas (CLI) discrepan de ese criterio. La UCE denunció en agosto estas prácticas por considerar que los datos comercializados no tienen carácter público, en la medida en que son mucho más amplios que los que figuran en las guías telefónicas con soporte de papel. Según Adolfo Varela, responsable de Servicios Públicos de la UCE, "Telefónica vulnera la buena fe contractual de los abonados. Entendemos, además, que restringe la libre competencia al abusar de su posición de dominio. Los perfiles de carácter socioeconómico de los abonados se basan en su nivel de equipamiento, un dato al que no se tiene acceso más que a través del contrato con Telefónica".El copresidente de CLI, Rafael Fernández Calvo, afirma que con la entrada en vigor de la ley de protección de datos el próximo año, "Telefónica tendrá que pedir permiso a los abonados para ceder sus datos a otras empresa así como informar sobre el tratamiento y uso que se hará de ellos.

Fernández Calvo también cuestiona el carácter público de los Ficheros de Telefónica a quien culpa de haberse aprovechado de un vacío legal y cree que debería ser especialmente respetuosa con la ley por ser una empresa pública.