El haraquiri de los "narcos"

"No hay nada que pueda doler tanto a los narcotraficantes como que sus propios bienes sean utilizados para combatirles", asegura un policía especializado en la lucha antidroga. La justicia pretende que los narcos se hagan el haraquiri. Fuentes del Ministerio de Interior no ocultan su satisfacción por el hecho de que el Congreso aprobase el jueves la reforma legislativa que dispone que las naves, aeronaves y automóviles decomisados a los traficantes de estupefacientes sean cedidos a las Fuerzas de Seguridad del Estado. La modificación parcial del Código Penal tipifica por primera vez el delito de blanqueo del dinero de la droga, que hasta ahora aparecía establecido de forma difusa.

Dos barcos incautados a los clanes gallegos del narcotráfico están siendo utilizados ya por las fuerzas oficiales, a las que un juez ha cedido su uso. Este es, sin embargo, un caso insólito, ya que los jueces no suelen emplear las facultades que les da ley para ordenar que los bienes intervenidos a los delincuentes sean transferidos a los Cuerpos de Seguridad del Estado.Los subasteros, que hacían suculentos negocios con la adquisición de los coches decomisados a los delincuentes, perderán desde ahora parte de su negocio. En breve, será normal ver a unos policías en un potente automóvil intervenido a un capo de la droga, tras la entrada en vigor de los retoques hechos en el Código Penal para adaptarlo a lo dispuesto por el Convenio de Viena de 1988. "Yo no me veo en un BMW persiguiendo a un sospechoso", dice con sorna un veterano agente antinarcóticos.

La Cámara Baja introdujo también en el Código Penal la figura del blanqueó de dinero procedente del narcotráfico, delito que hasta ahora no existía en el ordenamiento jurídico español. "Había que coger por los, pelos varios artículos del Código para poder meter mano a los blanqueadores", lo que se conseguía en escasas ocasiones, según fuentes judiciales.

La reforma prevé que los bancos tengan la obligación de comunicar a las autoridades las operaciones financieras realizadas por sus clientes con los paraísos fiscales y los movimientos físicos de dinero que superen determinada cantidad. Este punto permitirá descubrir el rastro del blanqueo de la droga y castigar por negligencia culposa a los empleados bancarios que no alerten de estos movimientos monetarios.

Resistencia bancaria

"Los bancos se resisten a colaborar", según fuentes judiciales, como lo prueba que este año sólo hayan comunicado la existencia de tres operaciones sospechosas.Otro aspecto de la reforma legislativa aprobada afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al autorizar a la policía a

controlar "entregas vigiladas" de droga. Esta estrategia policial consiste en permitir la circulación de un alijo hasta que llegue a sus destinatarios, con objeto de desarticular así la red integrada por todas las personas que participan en el tráfico de drogas.

Todas las "entregas vigiladas" deberán ser autorizadas por jueces y fiscales. "Es una técnica policial perfectamente regulada, que nada tiene que ver con la incitación al delito en que han incurrido a veces los agentes", dice un alto mando policial. "No se trata de que unos agentes se hagan pasar por compradores e induzcan a unos traficantes a que les sirvan una determinada cantidad de droga. La entrega vigilada' consiste en que la policía sabe que está en marcha una operación de venta de estupefacientes y permite que siga su camino para poder desmantelar a toda la organización añade el mismo funcionario.

Para obligar a los narcos a hacerse el haraquiri también se castigará con seis años de cárcel a los que trafiquen, transporten y distribuyan los precursores (éter y otras sustancias necesarias para la elaboración de la droga). El Estado ha apretado un poco el nudo de la soga con la que pretende maniatar a los narcotraficantes. "Pero es insuficiente", sentencia el diputado de Izquierda Unida Antonio Romero.

La creación del delito de blanqueo es "sólo un primer paso" para luchar contra el negocio del narcotráfico, según considera Romero. Este diputado piensa que la reforma del Código Penal es insuficiente y anuncia que dentro de unos días presentará en el Congreso una proposición no de ley solicitando la creación de una brigada antiblanqueo compuesta por 150 personas, entre policías y guardias civiles altamente especializados, economistas y técnicos en operaciones fiscales y monetarias. Según el proyecto de IU, esta unidad debería ser dotada el primer año con un presupuestó mínimo de 200 millones.

Interior no tiene un plan tan ambicioso como el del diputado Antonio Romero, pero ya ha puesto en marcha una unidad mixta que estará formada por unos 25 inspectores de policía y guardias civiles. El grupo dependerá orgánicamente del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y funcionalmente de la Fiscalía Antidroga. El equipo antiblanqueo, que dirigirá el comisario Alberto García Parras, será operativo, pero se dedicará fundamentalmente a analizar la información.