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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ocurrencias de campaña

EL PODER desgasta, pero no sólo en el sentido de agotar la confianza depositada por los electores en los gobernantes; son sobre todo los propios gobernantes quienes se gastan: sus ideas y proyectos, por una parte; las relaciones personales entre ellos, por otra. Así" ocurrió con UCD, y así está ocurriendo ahora, en distinta graduación, con los socialistas. La larga permanencia en el poder ha hecho emerger diferencias entre tendencias, sectores, personas del partido gobernante. Pero se manifiesta sobre todo en el alejamiento psicológico de muchos de sus dirigentes respecto a los intereses, aspiraciones y sensibilidad de los ciudadanos. Ocurrencias como la del famoso tebeo de la década o la de intentar ganar el corazón de los abstencionistas mediante visitas domiciliarias revela cierta pérdida del sentido de la realidad: mala cosa para quien aspira a renovar la confianza del electorado.Lo de las visitas es preocupante, además, por el hecho de que la identificación de esos abstencionistas tiene que ver con una utilización dudosamente legal (y en todo caso ilegítima) de las listas del censo electoral. Concretamente, de las listas facilitadas a los interventores de los partidos presentes en las mesas electorales para garantizar la limpieza de las votaciones: que no haya electores que voten dos o más veces, por ejemplo. La utilización de esas listas para cualquier otro fin es un abuso: una práctica contradictoria con el principio del secreto del voto (incluyendo el secreto sobre si alguien ha votado o no).

En la medida en que existe esa contradicción, la legislación electoral debería tal vez incluir alguna cláusula que garantice la destrucción de las listas en las que los interventores realizan sus anotaciones una vez cumplida su misión de control. Como mínimo, parece oportuno un compromiso público de los partidos de renunciar a cualquier utilización de esas listas diferente a la prevista por la ley. El asunto podría incorporarse al temario de las conversaciones en curso entre los partidos sobre el abaratamiento de las campañas y otras cuestiones relacionadas con el proceso electoral.

Pero es que, además, el riesgo de un uso incontrolado de las listas por parte de los partidos no se limita a la vulneración del secreto. La posibilidad de que las listas de los interventores fueran utilizadas en las pasadas elecciones locales para falsificar votos por correo viene avalada por la coincidencia de que los casos verificados de suplantación de voto incluidos en el sumario judicial abierto en Madrid con motivo de las irregularidades denunciadas corresponden a personas que se habían abstenido en anteriores comicios. Tal vez sea exceso de suspicacia, pero en todo caso es evidente que si alguien pretendiera realizar una operación de fraude electoral masivo mediante el voto por correo, procuraría suplantar precisamente a las personas que anteriormente no habían acudido a votar: contar con esas listas de abstencionistas reduciría los riesgos de que el asunto fuera descubierto.

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De otro lado, el hecho de que los estrategas electorales del PSOE hayan ideado una ficha en la que los visitantes habrán de hacer constar la condición de simpatizante, indiferente u hostil del visitado revela una de estas dos cosas: o que esos estrategas también han perdido el sentido del ridículo o que no les importa caer en él con tal de conseguir lo que se proponen. Esta última posibilidad no sería descartable en ciertas zonas rurales: allí donde la existencia de diversos subsidios establece sutiles lazos de dependencia con el poder político y donde la posibilidad misma de ser considerado hostil a ese poder puede aparecer para ciertas personas como una inconcreta amenaza. Y no es indispensable identificarse con los aspavientos de la derecha más reaccionaria sobre el voto cautivo del campo para compartir la inquietud ante la utilización que de esas fichas podrían realizar algunos ocurrentes estrategas de la conservación del poder.

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