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IU y PP derrotan a Leguina en una votación contra la cárcel

Juan Carlos Sanz

El Partido Popular llevó ayer al pleno de la Asamblea de Madrid una propuesta para rechazar el proyecto de construcción de una macrocárcel en el municipio de Soto del Real, pero acabó votando un texto alternativo de Izquierda Unida. Casi siempre que la coalición presenta un voto de castigo al Gobierno socialista de la Comunidad -al que sostiene en el Parlamento regional mediante un acuerdo programático-, el PP se apresura a poner al PSOE en evidencia.Los 57 votos que suman en la Cámara autonómica populares e IU bastaron para aprobar el "criterio contrario" de la Asamblea a la construcción de la macrocárcel, mientras no haya un informe de impacto ambiental y un dictamen técnico sobre la idoneidad del centro penitenciario previsto en Soto. Los 40 parlamentarios del PSOE votaron inútilmente en contra.

Al mismo tiempo, la Asamblea pidió al Gobierno de Joaquín Leguina que recurra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 31 de Julio, que aprobó, por el procedimiento extraordinario previsto en la Ley del Suelo, la autorización de obras a pesar de la oposición del Ayuntamiento local.

El inusual entendimiento entre el Partido Popular e Izquierda Unida se saldó también con una denuncia contra el "comportamiento prepotente" del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, respecto a la Comunidad y sus municipios.

El diputado popular Jesús Pedroche, que defendió la reprobación del ministro de Justicia, criticó la detención de los alcaldes de la comarca de Soto del Real "cuando se dirigían a presenciar el debate en la Asamblea".

En una dura intervención, Pedroche acusó al consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, de haber tolerado las obras del centro penitenciario sin haber recibido antes el correspondiente proyecto de construcción. Asimismo, criticó la "actitud sumisa" de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad por no haber exigido un estudio de impacto ambiental para las obras.

Unos 80 vecinos de los pueblos afectados por la construcción del centro penitenciario asistieron al pleno de la Asamblea coreando con sus gritos o protestas las intervenciones de los parlamentarios. En la calle de San Bernardo, donde se encuentra la sede del Parlamento autónomo, la policía montó un dispositivo de vigilancia.

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Adolfo Gilaberte, diputado de IU, matizó en nombre de su grupo que no hay una oposición directa al centro penitenciario, siempre y cuando mantenga su diseño original, aunque exigió que se abrieran cauces de diálogo con los ayuntamientos y se estudiasen compensaciones para los municipios afectados.

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz
Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.

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