Justicia expropió el suelo de Soto por el doble de lo que es habitual

El Ministerio de Justicia adquirió, en 1988, el terreno en el que se ubicará la cárcel de Soto del Real por más del doble del precio al que ahora -cuatro años más tarde- está expropiando el Estado. Según informó ayer una fuente del Ministerio de Obras Públicas, este departamento está expropiando suelo rústico alejado del casco urbano -el caso más barato, de circunstancias similares a las de la finca de Soto del Real- a un precio que oscila entre 500.000 y un millón de pesetas por hectárea. El Ministerio e Justicia, sin embargo, adquirió la finca citada, en diciembre de 1988, a un precio de 2.685.624 pesetas por hectárea.La finca en cuestión es suelo rústico situado a orillas de la cuenca alta del Manzanares, Junto a la carretera, a casi tres kilómetros de Soto del Real y 40 de Madrid. Tiene una superficie de 63,3 hectáreas y por ella el Ministerio de Justicia pagó 170 millones de pesetas. Fue adquirida, como ayer puntualizaba una nota oficial, "mediante expropiación por convenio en su justo precio, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Reglamento de Gestión Urbanística, y no mediante compraventa". Llegar a un acuerdo previo con el propietario suele ser algo más costoso que la pura expropiación y tiene la ventaja de ser más rápido.

Una multa y un perifollo

La adquisición de la finca, conocida con el nombre de Cierros de San Bartolomé, se hizo con el fin de construir allí una cárcel que se ha encontrado con la feroz oposición de los ayuntamientos de la zona, y muy especialmente con el del consistorio de Soto del Real, que el martes paralizó las obras comenzadas esa misma mañana y aprobó incoar un expediente, sancionador contra Justicia por comenzar a trabajar sin la recalificación del terreno y sin la licencia de obras.Según el alcalde centrista de Soto del Real, Eladio Navarro, la multa podría ascender a 2.400 millones de pesetas, el 20% del coste total de la obra.

Tanto el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, como el secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, criticaron ayer en el Congreso la actitud de Eladio Navarro, informa Servimedia. De la Quadra-Salcedo aseguró que las obras de la cárcel disponen de la licencia oportuna, concedida por el Consejo de Ministros el pasado 31 de julio, y dijo que es el alcalde el que está fuera de la ley. Para Antoni Asunción la amenaza de multa municipal es "un adobo o un perifollo de la falta de responsabilidad"

El ministro dijo que las obras de la cárcel continuarán y el alcalde de Soto del Real aseguraba poco después que la policía local vigila la finca para impedirlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0011, 11 de noviembre de 1992.