Justicia envía una excavadora para empezar la cárcel de Soto y el alcalde la expulsa

Una vecina de Soto de¡ Real fue la que dio la voz de alarma. Los obreros habían entrado en la finca que el Ministerio de Justicia tiene en este municipio y una excavadora había empezado a primera hora de ayer a aplanar el terreno para construir una cárcel. El alcalde decretó entonces la inmediata paralización de las obras por no contar éstas ni con la recalificación del terreno ni con la licencia municipal, y la excavadora abandonó el lugar. Por la tarde, además, el alcalde y gran parte de sus concejales citaron al notario de Colmenar Viejo para que diera fe del precinto de la finca.

Después del precinto, el Ayuntamiento de Soto del Real (2.780 habitantes, 20.000 en verano) celebró un pleno municipal para informar del decreto de paralización y aprobar el inicio de "incoación de expediente sancionador contra el Ministerio de Justicia". "Casi nada", comentaba un concejal "No nos vamos a andar con tonterías ante tanta prepotencia".El Consejo de Ministros, en reunión del pasado 31 de julio de este año, autorizó la ejecución de las obras de la cárcel de Soto del Real, "a la vista de la urgencia y excepcional interés público de las obras". Pero en el mismo texto aprobado por el Gobierno aquel día se dice que tal aprobación "implicará la necesidad de modificación puntual de las normas subsidiarias municipales", lo que, a juicio del Ayuntamiento de Soto del Real, no se ha hecho todavía.

"Esa finca sigue siendo rústica, explica José Luis Sanz primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. "Se han saltado todos los trámites". "Las obras son ilegales", añadía el alcalde, Eladio Navarro, del CDS, rodeado de ediles, vecinos y periodistas. "Cuando hemos ido a notificarles la paralización de la obras han esgrimido como todo argumento el acuerdo del Consejo de Ministros".

En caso de que el Ayuntamiento de Soto se niegue a re calificar el terreno, lo que es más que probable, sería la Comunidad de Madrid la que se encargase de realizar dicho trámite, aún no realizado, según Navarro. En Política Territorial no pudieron atender ayer las llamadas de este periódico.

En la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, que dirige Antoni Asunción, se abstuvieron de ofrecer su versión sobre el asunto. Ni siquiera para desmentir o puntualizar las informaciones publicadas días pasados sobre el exorbitante precio que el departamento pagó en 1988 por la expropiación de la finca en la que se construirá la polémica cárcel. Un portavoz aseguró que se estaba haciendo un comunicado de prensa para hoy.

Reunión en la sociedad estatal

El gabinete de prensa de esta secretaría general remitió a la sociedad estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SA, creada en febrero de este año para hacerse cargo fundamentalmente de la construcción de nuevas prisiones.

En la sociedad estatal, presidida por Fernando Guallar, estaban reunidos ayer por la tarde, una vez conocidas las vicisitudes de los trabajos en el municipio de Soto del Real. Un portavoz aseguró que habría un comunicado a última hora.

El proyecto de la cárcel de Soto del Real ha sido modificado en varias ocasiones. De un diseño casi ecológico se pasó a principios de este año a proyectar una macrocárcel de dos módulos simétricos con capacidad para 2.400 reclusos y dos torres de vigilancia de 70 metros. Este verano, sin embargo, Instituciones Penitenciarias lo volvió a retocar, asegurando que el modelo definitivo es el de un solo módulo de 1.200 plazas con una torre de 40 metros.

Ayer, el alcalde y algunos de sus ediles, escamados, observaron que la excavadora trabajaba en un rincón de la parcela.

"Está claro que van a hacer el módulo en una esquina. Añadirle un segundo no será, entonces, difícil", decía el alcalde de Soto del Real.

Mientras tanto, el CDS daba ayer a conocer la admisión a trámite por parte del Parlamento Europeo de la queja presentada por el partido sobre la construcción de esta cárcel que estará a orillas de la cuenca alta del Manzanares.