El Gobierno británico permitió la venta de armas a Irak en pleno bloqueo

El Gobierno británico sufre una nueva vía de agua. En este caso se trata de una exportación de material bélico del Reino Unido a Irak, efectuada durante el bloqueo comercial previo a la guerra del golfo Pérsico, con pleno conocimiento del Gabinete. El escándalo fue destapado por Alan Clark, ex subsecretario de Defensa.

El antiguo alto cargo reveló ante un tribunal de justicia que la Administración estuvo siempre al corriente de las ilegales actividades exportadoras de la compañía Matrix Churchill.Una moción laborista pidió inmediatamente la dimisión de tres ministros, y el primer ministro conservador, John Major, se vio obligado ayer a anunciar la apertura de una investigación independiente.

La declaración de Clark se produjo durante el juicio a tres ejecutivos de Matrix Churchill, acusados de romper el embargo contra Irak vendiendo al régimen de Bagdad piezas para la fabricación de misiles. El juez archivó el asunto el lunes por la tarde, al constatar que los directivos de la empresa no habían actuado por su cuenta, sino que sus operaciones comerciales habían sido alentadas desde el Ministerio de Industria y Comercio. Con el carpetazo al asunto civil se hicieron públicas las revelaciones de Clark y estalló el escándalo político.

El líder de la oposición laborista, John Smith, le espetó a John Major que "tres ciudadanos podían haber sido encarcelados ante la complacencia del Gobierno, sabedor de que los tres eran inocentes", y que "los soldados británicos fueron bombardeados durante la guerra con material exportado por su propio Gobierno". Smith exigió una investigación independiente que depurara las posibles responsabilidades políticas.

Un grupo de diputados laboristas, paralelamente, exigió la dimisión de los ministros de Industria y Comercio, Michael Heseltine; de Defensa, Malcolm Rifkind; y de Interior, Kermeth Clarke.

Comisión investigadora

El primer ministro accedió a la creación de una comisión investigadora, anunciada poco después por el fiscal general, con capacidad para obligar a prestar declaración a todos los altos cargos presuntamente relacionados con los hechos. Major defendió, sin embargo, la actuación gubernamental, afirmando que los ministros "tienen la obligación de esgrimir su inmunidad ante el escrutinio de la opinión pública cuando ello es necesario, y esa obligación no puede ser desatendida".

En otoño de 1990, cuando se llevó a cabo la exportación ilegal, John Major accedió a Downing Street por la caída de Margaret Thatcher. El Gobierno británico había mantenido una indisimulada política de exportaciones de material militar a Irak durante toda la década, con el fin de fortalecer al régimen de Sadam Husein contra el supuestamente más peligroso régimen jomeinista en Irán.

Las últimas remesas pactadas con los. iraquíes fueron enviadas tras la invasión de Kuwait, cuando Sadam había sido ya convertido en el principal villano del planeta y cuando las Naciones Unidas habían ordenado el bloqueo comercial contra su régimen.