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El Gobierno admite que hubo conductas intolerables e irregularidades en el BOE

La oposición reprochó ayer al Gobierno socialista que la falta de controles en la Administración pueda propiciar situaciones de irregularidad como las descubiertas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde 1989 hasta los primeros meses de 1991. El ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, informó en el Congreso de las medidas adoptadas y calificó los comportamientos que se produjeron en el BOE de "manifiestamente reprobables e irregulares".

"No estoy dispuesto a tolerarlos y ustedes no estarían dispuestos a que yo los tolerara y los ocultara", añadió el ministro.Zapatero hizo ante la comisión del Congreso un resumen de las actuaciones de su ministerio, ya conocidas en lo fundamental y que tienen como punto central el haber remitido al fiscal el informe de la Intervención General del Estado en el que se recogen graves anomalías en la gestión de la antigua directora general del BOE, Carmen Salanueva.

La oposición tuvo palabras matizadas de elogio para la actuación del ministro, pero planteó la necesidad de una reflexión sobre las causas que han podido motivar el que durante dos años el BOE haya estado comprando papel a precios muy superiores a los de mercado.

José Luis Núñez, portavoz de Izquierda Unida, expresó sus dudas sobre la tardanza en la destitución de la antigua directora general y preguntó al ministro por la cuantía exacta de lo que haya podido defraudarse en las compras de papel. Gabriel Cisneros en nombre del Grupo Popular, acusó al ministro de haber mantenido una actitud de "cierta laxitud o exceso de benevolencia". El ministro admitió que en octubre de 1990 Carmen Salanueva le había presentado la dimisión, pero no se la aceptó hasta mayo de 1991. Cisneros formuló acusaciones de fondo a la Administración socialista y culpó a los miembros del Gobierno de haber llevado adelante "reformas que propician estos episodios, porque ustedes han rebajado los controles". En su opinión, "con una intervención previa a las operaciones de compra, tal y como existía antes, esto no hubiera pasado".

Contratos del Estado

Luis Mardones, por las Agrupaciones Independientes Canarias, mostró la misma inquietud ante la falta de control, y José Antonio Souto, portavoz del CDS, aseguró que lo ocurrido es una muestra elocuente de que es necesario "replantearse el control de la Administración del Estado en un doble sentido, modificando la actuación de la Intervención General y estableciendo barreras legales en la ley de contratos del Estado.El ministro no cuantificó el valor de lo defraudado, pero reconoció que estaba claro que el papel se compraba a precios muy superiores a los del mercado. Zapatero puso a la nueva directora general del BOE como ejemplo de que, con las mismas normas legales, se puede hacer una gestión eficaz y transparente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de noviembre de 1992

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