La oposición acusa al partido socialista de buscar un enfrentamiento entre el Parlamento y el Poder Judicial

Representantes del Grupo Popular y de Izquierda Unida dieron ayer una respuesta muy virulenta a la carta enviada por el presidente del PSOE, Ramón Rubial, al presidente del Congreso, Félix Pons.María Fernanda Rudi, portavoz del Partido Popular en el caso Filesa, la calificó como "un disparate" ya que en su opinión "pretender que el Parlamento se inmiscuya puede derivar en un conflicto de competencias con el poder judicial, que sería gravísimo".

En opinión de Rudi, "el PSOE ha conseguido que el Tribunal de Cuentas haya salido muy disminuido en su. credibilidad, en torno al caso Filesa y si se continúa por el camino que 1 carta pretende se estará perjudicando la credibilidad del Parlamento y del propio sistema democrático". "Que un partido político", concluyó Rudi, "pida ayuda al Parlamento para que un tribunal no investigue las cuentas de ese partido es algo que cuesta trabajo creer".

Antonio Romero, diputado de Izquierda Unida, aseguró que "no es de recibo que se intente echar al Parlamento sobre el poder judicial y no se puede pedir al residente del Congreso de los Diputados de España que impida acceder a las cuentas".

Según Romero, "la única función del Parlamento tiene que ser conceder o no el suplicatorio para uno de sus miembros cuando un tribunal lo solicite", porque de otra forma se está vulnerando el principio de división de poderes y "no se puede apuntillar a Montesquieu y resucitar a Luis XVI".

Romero dijo que se trata "de una situación muy grave". "Nunca pensamos que se iba a llegar tan lejos, porque, además, el PSOE ha colocado a Félix Pons en una dificil situación que no tiene ningún precedente".José Ramón Caso, portavoz del Centro Democrático y Social (CDS) en el Congreso, dijo que no ve "las razones por las que se pide la intervención del presidente del Congreso, cuando es el presidente del PSOE el que tiene que decidir ante sí qué es lo que tiene que contestar al magistrado".

En opinión de Caso, el Congreso "no es ni juez ni parte y, en todo caso, hay que esperar al dictamen de la secretaría general, aunque nosotros", señaló, "mantenernos el principio de, que, cuando haya conflictos entre dos poderes, hay que ser extraordinariamente cuidadosos en las formas".