El PSOE pide al Parlamento la séptima prórroga para pactar la Ley de Huelga con los sindicatos

El Grupo Socialista ha pedido en el Parlamento una nueva prórroga -es la séptima- para terminar de consensuar el anteproyecto de Ley de Huelga con los sindicatos. En la reunión que mantuvieron ayer representantes de] PSOE, la UGT y CC OO se produjo un nuevo avance en la elaboración de las enmiendas. Con el nuevo texto, la Administración sólo intervendrá en la fijación de los servicios mínimos de las huelgas en casos "muy excepcionales". También se amplía considerablemente la capacidad de sindicatos y empresas para la autorregulación de los conflictos.

La negociación simultánea y paralela que mantienen los dos sindicatos con el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, y el grupo parlamentario socialista puede finalizar en un consenso sobre el conjunto de la ley de huelga. Se está muy cerca de acordar un texto alternativo en forma de enmiendas. Por ello, el PSOE ha pedido una nueva prórroga de una semana, ya que el plazo de presentación de enmiendas finaliza el día 27; ese mismo día se pronunciará la !unta de portavoces.Está acordado dejar fuera de la ley el tratamiento de los cierres patronales y casi resuelta la relación de empresas y sectores considerados servicios senciales y en los que se deben aplicar servicios mínimos ante la convocatoria de una huelga. La relación se parece bastante a a recomendada por la Organización Internacional del Trabajo: los sectores relacionados con la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos.

José Barrionuevo, diputado y ponente de la ley de huelga por el PSOE, ha señalado que "el momento es bueno para llegar a un acuerdo con los sindicatos" sobre esta ley, informa Sara García Calle. El debate más difícil se refiere, según el ex ministro, al punto esencial de la forma, que consiste en quién resuelve los supuestos de discrepancia o de falta de acuerdo entre las partes. Mientras los sindicatos quieren que el arbitraje esté en manos de una comisión de garantía formada por expertos elegidos en el Paramento, el proyecto del Gobierno deja la decisión en manos de la autoridad gubernativa. El argumento utilizado es que la Administración Pública tiene el deber de garantizar a los ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución. La solución que se baraja es dejar la última palabra a la autoridad gubernativa sólo en casos considerados excepcionales.

El PSOE "ve con buenos ojos" la petición sindical de unificar toda la jurisdicción de cuestiones en torno a la huelga para que no se produzcan interpretaciones contradictorias entre los juzgados de lo social y la jurisdicción contenciosa. La propuesta sindical de derechos protegibles y listado de servicios esenciales también es "razonable", según Barrionuevo, a falta de "algunos retoques".

El capítulo de sanciones puede experimentar algunas modificaciones importantes. En el anteproyecto del Gobierno se incluían tanto sanciones colectivas como individuales -entre ellas el despido- y las centrales están dispuestas a aceptar la responsabilidad colectiva, es decir del comité o el sindicato que convoca la huelga. Respecto a las sanciones individuales, sin embargo, proponen que únicamente se limiten a casos de grave irresponsabilidad, sabotaje o similares.

También se trabaja en "un paquete de cuestiones que pueden permitir mejoras técnicas, que no presentan gran dificultad para llegar al acuerdo, y que harían menos reglamentista y compleja la ley".

Apoyo de otros partidos

La negociación en marcha es inusual ya que hasta ahora nunca se había discutido con los interlocutores sociales un texto enviado por el Gobierno al Parlamento -está allí desde el pasado mes de abril- En caso de que se logre un acuerdo con los sindicatos, la ley de huelga contaría con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios y, entre ellos, el de Izquierda Unida y el Centro Democrático y Social. El Partido Popular es el más reticente.

En relación a la mesa de reforma del Inem y de las prestaciones por desempleo ayer se produjeron nuevas opiniones y el ex ministro de Trabajo Joaquín Almunia desveló en declaraciones a la Cadena SER que cuando ocupaba esa cartera -entre 1982 y 1986- "algunos dirigentes sindicales" reclamaron el traspaso de la gestión del Inem a empresarios y sindicatos. "Recuerdo que lo pedían", dijo, "no sé si en público, pero sí en privado. Pensaban que así se haría con más eficacia que lo hacía la Administración".