El Gobierno nombra hoy a los 60 miembros del CES y a su candidato para presidirlo
El Consejo de Ministros tiene previsto nombrar hoy a los 60 miembros del futuro Consejo Económico y Social (CES) y a su candidato para presidir este órgano consultivo del Gobierno en asuntos socioeconómicos y laborales. De esos consejeros, 54 corresponden a las listas propuestas por patronal, sindicatos y organizaciones sociales. El Gobierno sólo decidirá directamente quiénes serán los seis expertos.En la última lista que manejaba el Ministerio de Trabajo figuraban José Rodríguez de la Borbolla (ex presidente de la Junta de Andalucía), Carlota Bustelo (ex subsecretaria de Asuntos Sociales), Javier Matías (catedrático de Derecho del Trabajo) y Pedro de Vega (catedrático de Derecho Constitucional y miembro de la Junta Electoral Central).
La próxima semana, y una vez formalizados los nombramientos de los 60 consejeros, se celebrará la primera reunión pública, en la que el Gobierno presentará su candidato para presidir el CES. Los sindicatos todavía confían en que se les presente una tema de nombres tal como les prometió el presidente del Gobierno, Felipe González. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que el único candidato sigue siendo el catedrático de Derecho del Trabajo Federico Durán, pese a las reticencias hechas públicas por las centrales.
Privadamente, UGT y CC OO reconocen que no van a hacer un casus belli de este candidato, que precisa dos tercios de los votos para salir ratificado como presidente. Ante la oposición sindical a su candidatura, Federico Durán, de 42 años, ha señalado a EL PAÍS que "si hay una oposición muy abierta, me lo tendría que pensar, porque no se puede entrar con el pie forzado".
La representación de UGT está encabezada por Emilio Castro e Inés Ayala; la de CC OO, por José María Fidalgo y María Jesús Vilches. A ellos se suman los representantes de los sindicatos vasco -ELA-STV- y gallego -CIG-, de la patronal CEOE, del sector pesquero, agrario y consumidores.
Entre las funciones del CES figura emitir dictámenes sobre anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales, así como elaborar estudios a solicitud del Gobierno sobre fiscalidad, economía, relaciones laborales o mercado único europeo.
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