Solicito a vuestra ilustrísima...

GABRIELA CAÑAS ¿Qué puede hacer un ciudadano frente a una constructora que semientierra la propia casa y un Ayuntamiento incapaz de mediar en el conflicto? La familia Rodríguez ha comprobado que tras casi cuatro años de papeleos nadie le soluciona el problema: la agresión urbanística de unos vecinos que ha convertido su casa en húmedos semisótanos. El agua se filtra por las paredes desde hace 38 meses, y sus reclamaciones sólo han servido para coleccionar una voluminosa carpeta de solicitudes, respuestas administrativas y mucha literatura funcionarial.

Los problemas de Valeriana Guerrero, una pensionista de 67 años, viuda de un carpintero, y su familia empezaron a principios de 1989. Hasta esa fecha habían visto cómo una empresa constructora había tirado la pequeña casa de la finca colindante con la suya. Donde antes hubo una, ahora se erigían cinco chalés adosados con materiales de primera calidad.La estrecha franja que quedaba entre las nuevas casas y la de Valeriana se destinó a jardines privados de los nuevos vecinos, de manera que, ante el estupor de ésta, un día los obreros nivelaron el terreno con escombros y tierra, cuya sujeción era, directamente, el muro de su casa, que es de una sola planta, de manera que la vivienda de Valeriana ha quedado semienterrada en uno de sus más largos lados hasta una altura de 1,60 metros.

Luchadores de papel

De esta forma, una de las paredes del salón, de la cocina, del baño y del dormitorio de Valeriana está cubierta desde hace casi cuatro años hasta una altura de 1,60 metros. Desde entonces, la humedad corroe el muro de la casa y ha convertido a los dos hijos de esta pensionista, Justo y Juan José -uno, técnico de reparaciones de Iberia, y el otro, de maquinaria pesada-, en luchadores de papel timbrado.

Las primeras solicitudes las enviaron a la Junta Municipal de Hortaleza el 21 de febrero de 1989. Las firmaban Valeriana Esperanza Guerrero Lázaro, su hijo Juan José Rodríguez Guerrero y Juan Antonio Matías García. Los tres, propietarios de sendas casas bajas puestas en fila en la calle de Laurín, esquina a la Plaza; las tres, víctimas de las nuevas humedades producidas por el, nuevo jardín con piscina. Estos tres vecinos del distrito de Hortaleza sólo pedían -y siguen pidiendo- que se hiciera un muro de contención impermeabilizado.

La impaciencia motivó un segundo escrito en abril por parte de Valeriana pidiendo que alguien de la junta revisara lo denunciado. Su hijo hizo un escrito similar, pero añadió a la solicitud en grandes caracteres: "¡Aquí está entrando el agua!".

Se multiplicaron las visitas a la Junta Municipal y, según los afectados, las buenas palabras, pero cada vez que llovía el agua seguía entrando sin que nadie moviera un dedo por impedirlo. En mayo, estos vecinos de Hortaleza, cuyas humildes casitas han quedado absorbidas por el lujoso barrio del Parque del Conde de Orgaz, insistieron con un nuevo escrito. Pero ese mismo mes consiguieron que la junta inspeccionase y reconociese al menos los hechos.

"Cuando, en mayo de 1989, se nos ocurrió consultar a un abogado", dice Juan José, "éste nos dijo que era tarde , que ya no se podía poner un interdicto de obra nueva".

Ahora, Juan José, de 45 años, cuenta con cierta sorna sus peregrinaciones. Su insistencia le ha hecho ir de despacho en despacho y de secretaria en secretaria, que "siempre tomaban nota", explica.

A mediados de noviembre, los afectados escriben al alcalde, a la tercera tenencia de alcaldía, a la Policía Municipal, a Urbanismo, a los bomberos, a Protección Civil y al Defensor del Pueblo. En diciembre de 1989, un escrito de la junta anuncia a los Rodríguez que "con fecha actual se propone la imposición de la preceptiva sanción económica de 25.000 pesetas a la empresa denunciada", la constructora Videal.

Volver a empezar

En marzo de 1990 no todo sigue igual: las cosas para los denunciantes están realmente peor. Los Rodríguez se ven obligados a cambiar de interlocutor en la junta. Ahora está Félix García, jefe de sección de asuntos generales. "Me dijo que tratase de llegar a un acuerdo con los nuevos vecinos", explica Juan José, "y que todo lo habíamos hecho mal, ya que teníamos que haber denunciado a los propietarios de los chalés, así que me aconsejó empezar todo el trámite de nuevo".

En mayo de 1990, el defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, anuncia que "archiva el expediente", dado que se ha impuesto una multa y el Ayuntamiento efectuará la ejecución subsidiaria en caso de que el demandado no haga el muro.

Seguir enumerando las réplicas y contrarréplicas hasta la fecha de hoy es demasiado farragoso. Juan José Rodríguez asegura que ni a través del registro de la propiedad pudo dar con la identidad de los dueños de las casas. El Defensor del Pueblo ha recibido dos cartas más para que sepa que todo sigue igual, y el presidente de la junta, Jorge Tapia, le recibió -por fin- en su despacho. "Me dijo que nuestro asunto sería prioritario". Eso ocurrió hace un año.

La familia Rodríguez asegura que no está dispuesta a rendirse todavía.