La reforma de los colegios profesionales aprobada ayer mantiene la colegiación y suprime las tarifas obligatorias

Los colegios profesionales han acogido con reticencias la reforma legislativa que decidió ayer el Consejo de Ministros y por la que se suprimen las tarifas obligatorias. Tras varios aplazamientos, que coincidieron con fuertes protestas corporativas, el Ejecutivo aprobó ayer el proyecto de ley que modifica la Ley de Colegios Profesionales de 1974.En el proyecto, que se presenta como reforma estrictamente económica, se siguen básicamente las directrices marcadas en un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia y que era uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno para llevar a efecto antes de fin de año el Plan de Convergencia. El proyecto mantiene la colegiación obligatoria "porque los colegios cumplen un importante papel en la sociedad", pero suprime el cobro obligatorio de honorarios (aunque los colegios podrán prestar estos servicios a los profesionales que voluntariamente lo soliciten); elimina las barreras a la movilidad geográfica de los profesionales que suponía la exigencia de múltiples colegiaciones; deja sin efecto la prohibición de hacer publicidad del trabajo de los colegiados, y suprime las restricciones sobre el tamaño máximo de las asociaciones. Además, "con vistas a garantizar la calidad de los trabajos profesionales", en el proyecto se contempla la exigencia de un visado en sus trabajos si así lo establecen los estatutos de los colegios, pero este visado no podrá incluir cuestiones económicas, que se dejan al libre acuerdo de las partes.

El Gobierno espera obtener así la disminución global de los precios y una mejora de la relación calidad-precio; una mejor adecuación de la oferta de los servicios a las demandas que realmente tienen y manifiestan los usuarios, y mayor libertad económica de los profesionales.

Los directivos de los colegios ha mostrado en en general ciertas reticencias y reparos. El Consejo General de la Abogacía lo califica de positivo por una parte, pero confía en que en su tramitación parlamentaria recoja otras aspiraciones. Jaime Duró, presidente del Consejo General de Colegios de Arquitectos y vicepresidente de la Unión Profesional, decidió no pronunciarse hasta que sea estudiado el texto del proyecto en una reunión de decanos. El presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Eduardo González Velayos, ha criticado abiertamente el proyecto y un portavoz del Consejo de Colegios de Economistas ha dicho que no plantean ninguna objeción.