El presunto 'cerebro' del fraude de las pensiones obtiene de la Xunta un parador
La Consejería de Presidencia de la Xunta concedió la explotación del parador de turismo de Portomarín (Lugo) a una empresa de la que, según el PSOE, es consejero Manuel Lamela Rodríguez, procesado como presunto organizador del fraude por la concesión ilegal de pensiones de beneficencia en esa provincia. La sociedad Promociones y Alojamientos, SA (Poalsa), pagará una cuota anual de un millón de pesetas durante cinco años por explotar un establecimiento que le costó a la Administración gallega 500 millones.Un portavoz de la Xunta indicó ayer que se desconocía la presencia de Manuel Lamela entre los consejeros de la empresa y afirmó que ésta fue la única que concurrió al concurso para explotar el parador. Lamela es vocal del consejo de administración de Poalsa, que preside el constructor José Martínez Núñez. Otra empresa de Martínez Núñez, Técnicas Constructivas de Galicia, fue también beneficiaria del contrato de la Xunta de más de 390 millones para construir el parador.
El PSOE considera que la concesión a Poalsa puede ser nula por la participación de Lamela, procesado y encarcelado durante algunas semanas como presunto organizador del fraude por la concesión masiva de pensiones de asistencia social a residentes en varios municipios de Lugo que no cumplían los requisitos legales para percibirlas. Mediante este fraude, cuya cuantía se calcula en unos 100 millones, unas 200 personas, entre ellas la esposa de Lamela, cobraban ilegalmente ayudas de beneficencia.
Lamela era el responsable del servicio de prestaciones de la delegación de la Consejería de Trabajo en Lugo y, según declaró ante la Guardia Civil un colaborador suyo, percibía comisiones entre 200.000 y 400.000 pesetas por pensión tramitada. En el fraude también están implicados como presuntos intermediarios el alcalde y dos concejales del PP en el municipio de Varalla. Lamela fue destituido y expedientado por la Consejería de Trabajo, que negó que hubiese tenido conocimiento de sus actuaciones hasta que le detuvo la Guardia Civil. El PP se opuso hace varios meses a que una comisión del Parlamento gallego investigase las supuestas implicaciones políticas del fraude.
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