Lo claro rompe
ES LÓGICO que los ciudadanos se interesen, y sus representantes inquieran, sobre las cuentas de la recién clausurada Exposición Universal de Sevilla. Más bien sería preocupante lo contrario: la indiferencia y pasividad ante el uso dado a las enormes cantidades de dinero que se han movido en tomo a ese acontecimiento. La diligente presentación de las cuentas es, por otra parte, el mejor antídoto contra la maledicencia: la fórmula para romper el círculo de desconfianza con que determinados sectores pretenden oscurecer el éxito de la muestra.Las primeras cifras presentadas ayer en el Congreso por el ministro Virgilio Zapatero, máximo responsable político de la Exposición Universal, y el día anterior en Sevilla por Jacinto Pellón, presidente de la sociedad estatal, ofrecen un balance positivo de la cuenta de explotación: un superávit de 7.616 millones de pesetas. Estas cuentas son, de momento, provisionales. Y no sólo por exigencias legales -la sociedad estatal sólo se liquida a finales de 1993-, sino, sobre todo, porque no pueden darse por buenas mientras no sean examinadas por los organismos competentes: la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas.
Entretanto se pronuncian esos organismos, podría resultar oportuna la creación, de acuerdo con la propuesta planteada ayer por Izquierda Unida ( IU) y el Centro Democrático y Social (CDS), de una comisión parlamentaria ad hoc para examinar en su ámbito la forma en que se ha gastado el dinero público en la Expo y en las infraestructuras creadas con ocasión de la misma.
El Parlamento está precisamente para realizar esta labor de control, y pocos asuntos lo merecen tanto como la muy considerable inversión pública movilizada por la Expo. La buena disposición del Gobierno al ofrecer a los parlamentarios toda la documentación relativa a la muestra facilita la tarea. La creación de una reducida comisión formada por todos los partidos políticos daría credibilidad al resultado de la indagación parlamentaria. Su tarea no sería contradictoria, sino complementaria, de la de los organismos institucionalmente encargados de fiscalizar las cuentas. Por otra parte, la credibilidad de algunos de esos organismos, y especialmente el Tribunal de Cuentas, ha sido seriamente cuestionada por las sospechas de comportamiento partidista de sus miembros. Por ello, el Grupo Socialista demostraría inteligencia si no se opone a la constitución de esa comisión solicitada por IU y el CDS, y falta de ella la oposición si intentase convertirla en escenario para una batalla partidista.
Hoy día es unánime la opinión de que la Expo sevillana ha constituido un éxito del que hay motivos para que los españoles se sientan orgullosos. Intentar empañar ese éxito desde planteamientos de rivalidad política sería visto con desagrado por la mayoría de los ciudadanos. Pero lo mismo cabe decir de cualquier pretensión de capitalización sectaria por parte del Gobierno o de ocultación de datos por parte de sus responsables más directos. Y al respecto es oportuno recordar que la fiscalización política de las cuentas no se refiere, o no sólo, a los balances en términos de superávit o déficit. Tras ambas posibilidades pueden ocultarse idénticos despilfarros , como consecuencia de duplicación de medios, contrataciones innecesarias u otras formas de errónea utilización de los recursos públicos puestos a disposición de los organizadores.
