La ley de capitalidad emprende su camino

Ahora va en serio. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid decidieron ayer sentarse a redactar sin prisa un proyecto de ley de capitalidad que contente a todos. Se han dado de plazo hasta final de la legislatura (1995) para determinar cuánto dinero debe recibir el municipio por los gastos de ser capital del reino, de qué institución deben depender la sanidad o los servicios sociales o si habrá elecciones directas a las juntas de distrito. En dilucidar éstas y otras cuestiones trabajarán un grupo de técnicos y otro de políticos.

Los servicios sanitarios de Madrid dependen de un ministro del Estado, de un consejero de la Comunidad y de un concejal del Ayuntamiento. Hospitales, ambulatorios, casas de socorro, centros de salud. ¿Quién es su responsable? Ésta es una de las cuestiones que el Ayuntamiento pretende aclarar en la futura ley de capitalidad. "Es absurdo que existan tres administraciones en lucha comercial", opina el primer teniente de alcalde, Luis María Huete. "Lo mejor es que se centre cada uno en su parcela, acabar con las guerras de competencias y que cada palo aguante su vela", comentó ayer.El Ayuntamiento y la Comunidad han estado intercambiando cartas, dictámenes jurídicos y declaraciones sobre la ley de capitalidad durante un año sin otra utilidad que la de reprocharse los bloqueos que sufría el proyecto, según el Gobierno del PP, o la dudosa utilidad de la ley, según el PSOE -regional.

Por fin se han puesto de acuerdo. El consejero de Gobernación, Virgilio Cano, pactó ayer con Huete la composición del grupo de técnicos que habrá de elaborar el proyecto de ley. El secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella, coordinará a los redactores municipales, y Juan Lobato, secretario general técnico de la Consejería de Educación y concejal del PSOE hasta hace unos meses, a los técnicos regionales. El grupo se reunirá cada 15 días.

Sin prisa

Huete no tiene prisa. "Preferimos hacer despacio una buena ley, a una mala muy deprisa", comentó. No obstante, Huete dejó entrever sus suspicacias. "En diciembre analizaremos lo que hemos avanzado; veremos si hay buena voluntad para realizar la ley o si somos unos vagos". La meta es aprobar un texto antes de que finalice el actual mandato, en 1995.

El camino no va a ser fácil. El proyecto necesita ser aprobado por la Asamblea regional, por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Por ello, también se acordó ayer crear otro grupo de trabajo político integrado por representantes de los tres partidos (PSOE, PP e IU) y las tres instituciones.

Tampoco va a ser sencillo acordar el contenido. Los redactores tendrán que calcular lo que cuesta a Madrid ser el casero de las instituciones del Estado, lo que deja de ingresar por las exenciones fiscales de que gozan embajadas o ministerios y lo que importa realizar servicios especiales de seguridad y escolta. La capitalidad tiene un coste, en eso. está de acuerdo la Comunidad; otra cosa es el precio.

Además, el Ayuntamiento tiene interés en que se determinen nítidamente las competencias de cada institución (a quién corresponde atender a los ancianos o limpiar los colegios). Virgilio Cano se mostró más interesado en que la ley regule "de manera ágil y adecuada la coordinación entre las administraciones". En este sentido, declaró que Madrid "es una cuestión de Estado que exige una planificación de las actuaciones e inversiones de las diversas instituciones".

Para ello, uno de los dictámenes jurídicos elaborados para la ley propone extender la fórmula del consorcio (que ahora funciona para el transporte colectivo y los realojamientos) a otras materias. Determinar el órgano que debe coordinar a las administraciones en Madrid será objeto de otro punto específico en el trabajo del grupo de redactores.

También se determinarán otros puntos, como protocolo, elecciones y organización municipal. En este último aspecto, Huete tiene interés en que la ley determine una nueva organización del Ayuntamiento que permita que los responsables de un área puedan ser técnicos-gestores y no políticos electos. Esta idea no gusta a algunos concejales de su grupo, ni al consejero Cano, quien dijo a Efe que "este asunto debe tratarse en un reglamento del consistorio y no en el marco de la ley de capitalidad".