El Gobierno impondra una nueva tasa por el agua que supondrá nueve pesetas diarias por persona

El agua se pagará más cara y sus tarifas se aproximarán al coste que supone acercarla a los consumidores. Esta idea y el anuncio de que se trasvasará al menos un 8% de todos los recursos nacionales hacia las zonas más deficitarias centró ayer el mensaje del ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, a los parlamentarios socialistas al presentar los grandes rasgos de la ley del Plan Hidrológico. El Gobierno se propone imponer un canon o tasa de utilización del agua para todos los usuarios, que será más gravoso para habitantes de zonas con escasos recursos.

"Sólo nosotros somos capaces de sumar las peras con las manzanas", dijo Borrell. La alusión no era gratuita. El ministro de Obras Públicas dio ayer el primer paso de un debate nacional en el que los socialistas se verán involucrados internamente, desde el momento en que se abre la vía de los trasvases entre distintas regiones. Borrell cifró las trasferencias potenciales entre cuencas en un 8% de todos los recursos hidráulicos, y dijo que las cuencas del norte y el Duero tienen unos excedentes del 3% y el Ebro de un 10%.Minutos antes, un diputado socialista por Albacete dejó claro que si la racionalidad debe reinar en la concepción y ejecución del plan, lo haga en todas las regiones por igual. Vino a decir que muchos agricultores manchegos se van a ver forzados a emigrar al tener que abandonar el riego de unos productos que no resultarán competitivos en la futura Europa. Pero si se les obliga a renunciar a la extracción de aguas subterráneas (están casi esquilmadas), que no se vaya a primar la sobreproducción en otras regiones en las que todavía los riegos son rentables aun a costa de cederles agua.

El nudo gordiano del plan hidrológico no está sólo en la polémica -que suscitarán los trasvases. Borrell quiso introducir en su mensaje dosis de moral para que la audiencia -parlamentarios socialistas asistentes a unas jornadas sobre el agua- cierre Filas "sin fisuras" para marzo, fecha en que se entregará el plan a las Cortes.

Con este plan, el agua será más cara para todos: empresas eléctricas, ayuntamientos, regantes y usuarios. Las infraestructuras para satisfacer los nueve hectómetros cúbicos anuales en que se ha evaluado la demanda de agua en los próximos 20 años requieren inversiones de 80.000 millones anuales en inversiones durante los próximos 20 años. La incidencia en el consumidor es de unas 9 pesetas al día, según el ministro: "Eso no es ninguna obra faraónica, ¿no? Eso es abordar una ocasión trascendental para el desarrollo equilibrado del país".

Canon de trasvase

La ley de aguas de 1985 se verá modificada en cuanto afecta al régimen financiero, y se justifica, según Vicente Albero, secretario de Estado para las Políticas del Agua y del Medio Ambiente, en la necesidad de ponerle un precio realista y progresivo con el fin de evitar el despilfarro.

De esta manera se prevé implantar una tarifa o canon de uso, y el gravamen de vertido por otro destinado a su reciclado. Así el canon de uso se aplicará a todos los usuarios, en función del uso urbano, industrial, energético... y con arreglo al volumen utilizado. Este gravamen, que será fijado cada año en la Ley de Presupuestos, tendrá tres tramos: uno idéntico común para todo usuario; otro específico de cuenca -pagará más el usuario de cuencas con menos recursos- y un tercero de zona -pagará más el habitante en cuya zona se realicen más obras de infraestructura. Este gravamen dispondrá de un coeficiente incentivador de ahorro con arreglo a las indicaciones que establezcan las autoridades de cada cuenca. Algunos; diputados socialistas están en desacuerdo con esta fórmula, y porponen que todo los usuarios paguen por igual.

El canon de vertido tendrá las mismas características. Se ajustará al volumen de agua usada y a la capacidad de reciclado. Gozará también de un coeficiente reductor con arreglo a las instalaciones para su depuración. La Ley de Presupuestos fijará cada año los gravámenes y coeficientes, mientras la ley del plan introducirá en las cuencas deficitarias un gravamen sobre los recursos de las cuencas excedentarias.

Borrell reconoció que la introducción de estas tarifas será una carrera de obstáculos. Pero enumeró algunos más de los que se va a encontrar para aplicar el plan: las protestas de los ecologistas, la asignación a largo plazo de agua para Madrid, las tensiones entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Valenciana (sólo se trasvasa un tercio de la capacidad del Tajo-Segura); las controversias dentro de una misma cuenca, en el sur y Duero, donde se aboga a favor y en contra de determinados embalses; la tensión en regiones del Tajo frente a la demanda de Alicante, Murcia y Almería; el delta del Ebro y la asignación de recursos en Aragón, las compensaciones, las presiones especulativas.

La aplicación del plan modificará las pautas de desarrollo territorial, señaló Borrell.