El PS francés frena la lucha de Bérégovoy contra la corrupción

Los socialistas franceses han descafeinado en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de lucha contra la corrupción política elaborado por su correligionario y primer ministro, Pierre Bérégovoy. Apoyados por la derecha, los diputados socialistas han rechazado de plano el plato principal de ese proyecto: la prohibición de que las empresas financien la actividad política. Bérégovoy no encuentra aliados en la lucha contra la corrupción.

En las vísperas del referéndum sobre Maastricht, Bérégovoy, decidido a pasar a la historia como el abanderado de la lucha contra la corrupción, anunció la presentación ante la Asamblea Nacional (Parlamento) de un proyecto de ley que prohibía cualquier tipo de financiación o ayuda técnica, humana o material de las empresas a los partidos políticos. Según el primer ministro, los partidos debían financiarse sólo con las subvenciones del Estado y las cotizaciones de sus militantes.Bérégovoy había adoptado esa iniciativa con el acuerdo del presidente François Mitterrand pero sin encomendarse a sus camaradas del Partido Socialista (PS).

En la comisión de leyes de la cámara baja, los socialistas han eliminado de antemano los aspectos más radicales del proyecto de Bérégovoy. La prohibición de la financiación empresarial de las actividades políticas ha desaparecido de un plumazo. Esa financiación había sido autorizada y regulada por una ley aprobada en enero de 1990 por iniciativa del entonces primer ministro socialista, Michel Rocard, la misma que concedió una amnistía a los políticos implicados en escándalos financieros.

Para los diputados socialistas, prohibir la abierta financiación empresarial de la actividad política supondría un regreso a lo que llaman "el sistema de las maletas". Pero aún más, en un deshoje general del proyecto de Bérégovoy, la comisión de leyes ha anulado la mayoría de las disposiciones relativas a la mayor transparencia de los contratos entre empresas públicas y privadas y las colectividades locales. También ha suprimido la inspección de las actividades sospechosas de los organismos regionales.