La CE rechaza el plan de reconversión de la siderurgia integral española

El Gobierno español expresó ayer su disgusto ante la Comisión Europea por lo que considera "una ruptura de los hábitos de cooperación entre países miembros de la CE" por parte de la Dirección General de la Competencia, que depende del comisario británico Leon Brittan. El contencioso que enfrenta al ex ministro de Comercio e Industria de Margaret Thatcher y al ministro de Industria español, Claudio Aranzadi, se produce con motivo de] plan de reestructuración de la siderurgia integral española, que no ha sido aceptado en su integridad por los guardianes de las reglas de la libre competencia europea.

El plan español de reestructuración de la siderurgia integral implica la fusión de Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y de Ensidesa, contemplándose, entre otras medidas para reducir la capacidad de producción, la instalación de una acería compacta en Sestao para fabricar productos intermedios a partir de chatarra. Todo el proceso -inversiones, indemnizaciones, jubilaciones anticipadas...- supondrá un desembolso superior a los 600.000 millones de pesetas y daría lugar, según reconocen todos los consultores que han trabajado para la Comisión, a una empresa viable, con una cuota de mercado ligeramente inferior a la que tienen las dos empresas españolas.El plan fue sometido, de mutuo acuerdo entre el gobierno español y la Comisión, al dictamen de la consultora británica Stanford, que emitió su opinión favorable. Los servicios de Brittan, según Aranzadí, encargaron un segundo dictamen a otra consultora, ésta vez sin acuerdo entre las partes. La Comisión ha utilizado datos reservados proporcionados por el gobierno español, que podrían ser utilizados para fines ajenos a la aprobación del plan, según la versión facilitada por Aranzadi.

Protesta formal

Al margen de la cuestión de forma, que será motivo de una nueva protesta formal del Gobierno español, "el plan pierde en equilibrio, estratégicamente es más frágil, necesita más inversiones públicas y es menos rentable", aseguró el ministro. La propuesta del comisario Brittan es "inaceptable para el Gobierno español", añadió.

El plan propuesto por la Comisión, al rechazar la acería compacta, recorta en 900.000 toneladas más la capacidad de producción de la Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) - la nueva empresa resultante de la fusión entre Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya- que ya prevé la reducción a 4,5 millones de toneladas, por lo que pasaría a 3,6. Asimismo, elimina 800 puestos de trabajo adicionales a los 9.707 previstos en el plan del gobierno español. La producción que quiere recortar Brittan pasará directamente a engrosar las cuentas de facturación de los actuales competidores de la siderurgia española.

"Creemos que el plan del Gobierno español, además de constituir la alternativa más consistente a la actual situación de la siderurgia integral, está en línea con la política practicada por la Comisión en otros países como Italia", dijo Aranzadi. "Pero las siderurgias europeas están presionando fuertemente para que el plan español se modifique y se reduzca su capacidad", aseguró.

Según fuentes de la Comisión, aunque el proyecto del Gobierno español es más rentable, puede perjudicar gravemente los intereses de otras siderúrgicas europeas que no reciben subvenciones públicas, por lo que podría constituir un atentado a las reglas de la libre competencia.

Dichas fuentes minimizaron las acusaciones de Aranzadi y aseguraron que es absolutamente normal que la Comisión encargue distintos dictámenes sin necesidad de consultar a los Estados afectados.

Nuevos pasos

El portavoz de Leon Brittan aseguró, por su parte, que el comisario se había limitado a introducir algunos cambios en el plan, con vistas a hacerlo aceptable y conseguir el acuerdo unánime de los Doce.

La Dirección General de la Competencia deberá obtener la aprobación de su propuesta de recorte del colegio de comisarios europeos, los cuales trasladarán el nuevo plan al Consejo de Ministros de los Doce, que es quien debe discutirlo, y aprobarlo por unanimidad si se da el caso, previsiblemente en noviembre.

Este plan trata de culminar el proceso de reconversión del sector que se inició en 1983. En aquellos años, con Carlos Solchaga como ministro de Industria y Aranzadi como jefe de gabinete, se vivieron jornadas de gran dureza por el cierre de la factoría de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), radicada en Sagunto (Valencia) y controlada por el Estado.