Ciudadanos de primera

La idea de crear un complemento de ingresos que garantice a los diputados jubilados tras dos legislaturas un subsidio equivalente-a la pensión máxima de la Seguridad Social ha desatado quejas de agravio comparativo. Quejas convertidas en indignación ante el caso del socialista Guillermo Galeote, que en año y medio casi no ha pisado el Parlamento sin dejar de cobrar su sueldo. Sin despacho propio ni ayudantes, a diferencia de otros Parlamentos, la mayoría de los diputados españoles sostienen que desarrollan su actividad con menos medios que sus colegas europeos.

Pese a todo, sus condiciones de trabajo les permiten algunos privilegios. Los diputados y senadores no tienen que pagar billetes de Iberia y de Renfe en cualquiera de sus desplazamientos por España. Los que utilizan su vehículo particular cobran una cantidad por kilómetro, la misma que rige para los funcionarios, aunque no así por el peaje de las autopistas.Un convenio del Congreso con La Unión y el Fénix les garantiza a sus familias un seguro de 20 millones de pesetas en caso de fallecimiento, y hasta 20 millones de pesetas en caso de accidente. Al igual que cualquiera de los funcionarios de las Cortes, pueden recibir gratis clases de inglés, francés o alemán.

Su sueldo consta de una remuneración común a todos, 368.423 pesetas brutas, y de un complemento por gastos de desplazamiento y residencia que varía según los casos. Los parlamentarios por Madrid perciben por este motivo 93.702 pesetas, mientras que los demás cobran 206.146 pesetas.

Las cuotas a la Seguridad Social, tanto las que corresponden a la empresa como al trabajador, son abonadas directamente por el Congreso. Tras diversas consultas a la Seguridad Social, que dictaminó que los parlamentarios no tienen derecho al subsidio de desempleo, los diputados no contribuyen a los fondos con los que se pagan las pensiones de los parados.

Ahora, en la reforma del reglamento del Congreso, los grupos parlamentarios -salvo el Popular, que tras dar su respaldo se ha distanciado por motivos de "inoportunidad"- intentan establecer un complemento para garantizar unos ingresos equivalentes a la pensión máxima de la Seguridad Social, tras haber cumplido dos legislaturas.

Fondo de pensiones

Para muchas personas, se trata de un privilegio. No ven el motivo por el que los diputados tienen que situarse entre el pequeñísimo porcentaje de jubilados que perciben la pensión máxima (12.000 personas aproximadamente de un colectivo de seis millones de pensionistas). Según los técnicos parlamentarios que han participado en la preparación de la reforma, en caso de ser aprobada lo que los diputados harían sería crear una especie de fondo de pensiones con aportaciones mensuales suyas.

Con esas aportaciones, el Congreso pagaría a los diputados jubilados que hayan sido parlamentarios dos legislaturas -si se cumplen los plazos máximos, ocho años- un complemento a sus ingresos hasta alcanzar la cuantía de la pensión máxima de la Seguridad Social.

En la actualidad, el proyecto prevé completar el importe de lo que perciba el diputado jubilado en concepto de pensión, no los ingresos totales, que es un concepto mucho más amplio, si bien el propósito expresado por los socialistas en las últimas horas es fijar este último criterio como punto de referencia. Un diputado jubilado tendría derecho al complemento hasta la pensión máxima cuando todos sus ingresos por todos los conceptos no alcancen esa cantidad.

Según la secretaría general del Congreso, desde 1977 han recibido este tipo de ayudas una treintena de diputados. En la actualidad se benefician de ellas sólo 17 parlamentarios. Hasta ahora existía una normativa interna, destinada a atender a los políticos que por haber vivido en el exilio no habían cotizado lo suficiente a la Seguridad Social. Era el caso de Dolores Ibárruri y es el caso de Santiago Carrillo, entre otros. Esa normativa señalaba que bastaba haber sido diputado una legislatura para acceder a una subvención del Congreso al llegar a la jubilación.

Para los defensores de la nueva regulación, se trata de una medida igualitaria que "nivela por abajo" a los diputados cuando se jubilen, ya que los que tengan más ingresos recibirán menos, o no recibirán nada si sus ingresos totales ya igualan la pensión máxima de la Seguridad Social. Para los detractores, es un error consagrar con carácter general una medida así, y además en el reglamento de la Cámara.

En estos momentos tienen derecho a percibir la pensión máxima de la Seguridad Social, cuando se jubilan, los ministros y los presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas. Desde este año han sido incluidos en el grupo los secretarios de Estado.

Privilegio desestimado

Los ex presidentes del Gobierno tienen una pensión vitalicia desde que dejan el cargo, además de contar con el servicio de dos funcionarios, una dotación para gastos de oficina, chófer y coche oficial y exención de abonar transportes públicos.

Los ministros, cuando cesan, tienen derecho a percibir durante un periodo máximo de dos años una pensión, inferior a las retribuciones asignadas cada año a ese cargo.

Tras una gran polémica, los diputados declinaron, hace poco más de un año, sumarse a un privilegio establecido para los funcionarios que han ejercido altos cargos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, aprobada a finales de 1990, había establecido que los funcionarios que desempeñen altos cargos podrán cobrar a título de "grado personal", al regresar a su puesto, el equivalente al complemento de destino de los directores generales. En 1991, el complemento de destino para un director general fue de 1.865.112 pesetas anuales.

Ni el Parlamento vasco, que tiene fijado sueldo y dietas para sus diputados, ni los Parlamentos andaluz y madrileño, que pagan dietas por asistencia a sus diputados, disponen de fondos para complementar las pensiones de jubilación de sus ex parlamentarios.

Tras otra polémica pública anterior, los grupos parlamentarios del Congreso desistieron hace varios mes . es de facilitar ayudantes a los diputados. El principal argumento de quienes proponían este tipo de asesoría técnica era que en los Parlamentos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania cada diputado dispone de un ayudante por lo menos.

Los diputados españoles no dispondrán hasta dentro de un año -cuando quedará probablemente terminado el nuevo edificio del Congreso- de despacho personal, sin secretaria, y no todos contarán con una plaza de garaje.

Los ministros, miembros de altos organismos del Estado, subsecretarios, directores generales y miembros de las mesas del Congreso y del Senado, así como los portavoces, disponen de coche oficial.