En Mancha Real se palpaba una "hostilidad xenófoba", se justifica la Guardia Civil

En Mancha Real se palpaba "una hostilidad de tipo xenófobo", según reiteró ayer varias veces en su declaración el teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Hidalgo, en la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Jaén contra el alcalde de Mancha Real y otros 21 vecinos. La defensa renunció anoche a presentar más testigos por la coincidencia de sus versiones.

En la sesión de ayer nadie hizo referencia a la falta de actuación de la Guardia Civil durante los destrozos de las viviendas pertenecientes a la comunidad gitana de la localidad, que se realizaron en el transcurso de la manifestación celebrada el día 19 de mayo de 1991.Manuel Hidalgo, en activo cuando se sucedieron los hechos y en la reserva en la actualidad, indicó que la manifestación no había sido prohibida, pero matizó que la defensa de las propiedades se subordinó a la de las personas que se estaban manifestando. El temor de las fuerzas de la Guardia Civil enviadas al pueblo, según explicó, era que pudiesen repetirse los acontecimientos de Martos (Jaén) donde se incendiaron viviendas en las que había personas de etnia gitana. "Se advirtió que esto se podía repetir", dijo.

Esa fue la razón por la que sugirieron a los componentes de la comunidad gitana de Mancha Real que abandonasen voluntariamente el pueblo al conocer la noticia de la muerte a navajazos de Ángel Arroyo. La presencia de la Guardia Civil se mantuvo días después de la manifestación "porque había hipótesis de que grupos violentos podían convertir en un campo de batalla la población de Mancha Real".

Manifestación prohibida

Ninguna de las preguntas realizadas hizo referencia al hecho de que los guardias civiles que custodiaban las casas vieron cómo eran asaltadas sin que intentaran evitarlo. Los guardias llamados como testigos sólo indicaron ayer que no podían hacer nada debido al elevado número de personas que se manifestaron, más de 5.000, y que llenaban la calle Tosquilla, donde estaban ubicadas la mayoría de las viviendas y lugar en el que fue asesinado Ángel Arroyo, hecho desencadenante de la manifestación.El careo que se produjo entre el alcalde de Mancha Real, Alfonso Martínez de la Hoz y el gobernador civil, Joaquín Íñiguez, no sirvió para aclarar la legalidad de las manifestaciones que se convocaron en esta localidad los días 18 y 19 de mayo. Martínez de la Hoz indicó que nunca había tenido idea de que la manifestación celebrada tras el entierro del vecino el 19 de mayo, cuando se produjeron los destrozos, estuviera prohibida. Joaquín Íñiguez insistió en que sólo recibió comunicación escrita de la primera manifestación, por lo que no pudo suspender la segunda.

El alcalde de Mancha Real sugirió que se le había utilizado como "chivo expiatorio" de los actos violentos que se produjeron en la manifestación. El gobernador civil recordó en su declaración la sorpresa que le produjo enterarse a través de los medios de comunicación de las palabras del alcalde en las que decía que pintarían las casas de las personas que debían abandonar el pueblo al alterar el orden público. Añadió que eso era lo que sucedía en la Alemania nazi.