El alcalde de Mancha Real declara que se sintió desbordado por el destrozo de las casas gitanas

El alcalde de Mancha Real (Jaén), el socialista Alfonso Martínez de la Hoz, reconoció ayer que se vio desbordado por los hechos ocurridos el 19 de mayo de 1991 en esta localidad y que terminaron con el destrozo de seis viviendas de gitanos de la localidad tras la muerte del payo Ángel Arroyo en una pelea. Estas declaraciones las realizó en la Audiencia de Jaén, en la primera jornada del juicio contra él y otros 21 vecinos. El alcalde y los 10 concejales del Ayuntamienío en aquellas fechas justificaron que encabezasen dos manifestaciones de protesta tras la muerte de Ángel Arroyo por la necesidad de encauzar los ánimos encrespados. Dos vecinos reconocieron ante el juez que prendieron fuego a dos casas después de que fueran asaltadas.

El alcalde leyó desde el balcón del Ayuntamiento, tras la muerte del vecino, una lista con los nombres y motes de los que él consideraba delincuentes habituales de la localidad. Para Martínez de la Hoz, el asesinato fue la gota que colmó la paciencia de los habitantes del pueblo por la inseguridad ciudadana, que achacaban a la colonia gitana. Para el fiscal del caso, José María Casado, esa sensación no está justificada, pues en 1990 sólo se denunciaron 66 delitos en esta localidad. "Posiblemente era un pueblo muy tranquilo y nos vimos desbordados", declaró el alcalde, primer acusado en prestar declaración.El juicio congregó a las puertas de la Audiencia Provincial a unas 100 personas que intentaban presenciar las declaraciones del alcalde y del resto de la corporación. La mayoría debió permanecer en la calle por falta de espacio en la sala. En los pasillos se cruzaron los gritos y aplausos de vecinos que apoyaban al alcalde con los de gitanos que tildaban a los procesados, de "racistas".

El fiscal y el abogado de la acusación particular, Pedro Apalategui, centraron la mayor parte de su interrogatorio en intentar demostrar que las manifestaciones en protesta por la muerte del vecino payo carecían de autorización.

Alfonso Martínez de la Hoz, aclaró que no es "un hombre de leyes", e indicó que habló por teléfono antes de la primera manifestación con el gobernador civil de Jaén, Joaquín Íñiguez, explicándole el ambiente que se vivían en el pueblo. El alcalde negó ayer que Joaquín Íñiguez le desaconsejase la celebración de la marcha, tal y como sostiene el gobernador.

Fax enviado

Según la versión expuesta por el alcalde de Mancha Real, en la conversación mantenida con Joaquín Íñiguez quedó en que se remitiría un fax anunciando la manifestación del día 18, pero que para la convocada para el día siguiente quedó claro que "no había problema", ya que se podría enviar a la localidad fuerzas del orden público. El fax se envió, pero los concejales y el alcalde afirmaron ayer que desconocían quién lo había escrito y enviado.,

La muerte de Ángel Arroyo convocó en la plaza del pueblo en la mañana del día 18 a un grupo de vecinos que pedía justicia (100 personas, según la Policía Local). Reunida la corporación, todos los concejales -a excepción de uno, que llegó tarde, pero suscribió posteriormente los acuerdos adoptados- aprobaron pedir a los "delincuentes habituales que abandonasen voluntariamente el pueblo".

El secretario del Ayuntamiento dijo ayer que advirtió que el texto podía ser inconstitucional y que la convocatoria de manifestaciones tenía que ser comunicada al Gobierno Civil. El alcalde declaró ayer que estas afirmaciones eran falsas.

Tras el entierro de Ángel Arroyo, en la mañana del día. 19, se celebró una segunda manifestación que, como la primera, llevaba como lema "Ladrones y asesinos fuera del pueblo". Se reunieron unas 5.000 personas. La razón por la- que se pasó por la calle en que murió Ángel Arroyo, en la que están la mayor parte de las viviendas de la comunidad gitana, fue, según la corporación, que allí habían ocurrido los hechos.

No temían que pudieran producirse hechos violentos, ya que el día anterior no había ocurrido nada, y, además, allí estaba la Guardia Civil, resaltó Martínez de la Hoz. Los gitanos habían huido de la localidad por miedo en la madrugada del 18.

Ninguno de los concejales escuchó ruidos que indicasen que en ese mismo momento se estaban produciendo destrozos en las viviendas. La primera noticia que tuvieron de que se estaban produciendo incidentes la facilitó un periodista una vez rebasada la calle Tosquilla, por donde discurría la manifestación, según la versión de los procesados. Vieron entonces el humo procedente de un coche incendiado. Cuando el alcalde dirigió más tarde unas palabras a los manifestantes desde, el balcón del Ayuntamiento, no sabía que se habían destruido seis casas utilizando objetos contundentes. "No tenía conocimiento exacto", dijo Alfonso Martínez ayer.

Dos de los vecinos acusados, Francisco Ruiz y Gregorio Aguilar, reconocieron en la sesión de la tarde que prendieron fuego a dos casas y a un automóvil, informa Efe. Ambos manifestaron ante el juez que actuaron bajo los efectos del alcohol y que arrojaron varias botellas de refresco rellenas de gasóleo contra las puertas de dos casas, pero que no pretendían quemarlas.

El abogado de estos dos acusados, Ezequiel Daza, ha pedido para ellos 10 meses de cárcel por un delito de incendio continuado, mientras que el fiscal pide ocho años de cárcel para Francisco Ruiz y tres para Gregorio Aguilar.

Hoy está previsto que declare el gobernador civil de Jaén, uno de los 9,7 testigos citados en la causa.