Corcuera no aclara si dos guardias han cumplido una sentencia, por torturas y responde con un galimatías

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, no logró aclarar ayer en el Congreso si dos capitanes de la Guardia Civil, condenados en firme por torturas por el Supremo, han sido separados del servicio como ordena la sentencia. Dio la callada por respuesta a las interrogantes del diputado de Izquierda Unida Antonio Romero sobre la situación actual de ambos, y más tarde, en los pasillos, contestó con un galimatías al decir que los oficiales están (suspendidos del servicio) o que lo estarán o que si se ha cometido algún error se rectificará porque 9as sentencias son para cumplirlas".

La respuesta literal a la pregunta de si los dos oficiales están separados del servicio fue la siguiente: "Esos funcionarios están, por lo menos las noticias que yo tengo, y he dicho antes de que si no se ha cumplido la sentencia rectificaremos, están suspendidos. En este momento la dirección general [de la Guardia Civil], o lo hará, estarán suspendidos. En cualquier caso, ya he dicho que las sentencias son para cumplirlas y, por tanto, cualquier error que cometamos, pensando que nuestras decisiones cumplen la sentencia, pues naturalmente nos hará rectificar".Los capitanes José Pérez Navarrete y José Antonio Hernández del Barco fueron condenados en julio de 1987 por la Audiencia de San Sebastián. Los jueces les consideraron autores de torturas a Juana Goikoetxea, vecina de Getaria (Guipúzcoa), por lo que les impusieron cuatro meses de arresto mayor y cuatro años de suspensión de empleo público.

Golpes y pomadas

Los hechos se remontan a enero de 1982. Pérez Navarrete era entonces teniente. Hernández del Barco ha experimentado un ascenso fulgurante. Hace 10 años era sargento. Según los jueces, los condenados propinaron golpes y patadas a la detenida -puesta luego en libertad sin cargos- y le ocasionaron hematomas por todo el cuerpo y una contusión con derrame en la región occipital, antes de aplicarle pomadas para disimular los efectos.

La sentencia es firme y de obligada ejecución desde el 21 de enero pasado, cuando el Tribunal Supremo rechazó el recurso. Corcuera respondió al diputado Romero que es falso que los dos miembros del instituto armado hayan sido ascendidos o asignados a otros destinos una vez firme la condena.

Pérez Navarrete, agregó, fue asignado a la Secretaría (le Estado para la Seguridad, cuyo titular es Rafael Vera, en marzo de 1987. Hernández del Barco también fue destinado al servicio de Información, en la Dirección General de la Guardia Civil, antes de enero pasado.

Romero, que había recordado al ministro las recomendaciones del Consejo de Europa para que los funcionarios condenados por torturas nunca vuelvan a ejercer labores policiales, le pidió, que concretara si se ha cumplido la sentencia desde enero pasado y le emplazó a confirmar o desmentir un viaje realizado por Pérez Navarrete a Ecuador acompañando a Rafael Vera.

Romero quiso saber también por qué el Ministerio del Interior nunca realiza investigaciones internas sobre las denuncias por torturas y por qué jamás separa cautelarmente del servicio a los encausados o a los condenados por las audiencias, aunque recurran. El diputado de IU recordó luego en los pasillos que Interior separa automáticamente del servicio a los acusados de pertenecer al Ilegal Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).

El ministro no hizo referencia alguna al supuesto viaje a Ecuador de Pérez Navarrete y tampoco contestó sobre la situación actual de los dos capitanes, dando a entender que Romero volverá a preguntarle sobre la cuestión, aunque pro-%, clamó: "No seré yo quien dé cobijo a quien tenga sentencia firme por torturas".

Corcuera explicó su negativa a suspender cautelarmente a los funcionarios condenados en primera instancia porque "tienen derecho a la presunción de inocencia" y en esta materia "hay una distancia muy corta entre la verdad y el error".

Dos oficiales del 23-F

El ministro criticó a la prensa por dar noticias falsas y desmintió que dos tenientes coroneles relacionados con el golpe del 23 F examinen de Derecho Constitucional a aspirantes a cabo de la Guardia Civil, como publicó recientemente Diario 16.

Según Corcuera, uno de los jefes militares fue absuelto y el otro tiene cancelados sus antecedentes penales. Pero no examinan de Derecho Constitucional, agregó. Uno examina de educación física y el otro ha sido secretario suplente de un tribunal sin facultades para calificar.

Por otro lado, Corcuera declaró que el Gobierno no considera necesario desplegar la Armada en el Estrecho para frenar la inmigración ilegal desde el norte de Africa. La propuesta de emplear los efectivos militares navales con fines disuasorios había sido realizada días atrás por el presidente del PP, José María Aznar.

El ministro del Interior reiteró su convicción de que el problema de las oleadas inmigratorias incontroladas terminará en breve mediante dos instrumentos: el despliegue de la Guardia Civil del Mar y la aplicación del convenio Con Marruecos para el retorno a este país de los inmigrantes ilegales de terceros estados.