Todo el Congreso apoya que los diputados tengan la pensión máxima
Todos los grupos del Congreso coinciden en establecer un sistema de previsión que conceda a los diputados que hayan cumplido al menos dos legislaturas (un máximo de ocho años) el derecho a cobrar la pensión máxima del sistema público de Seguridad Social cuando lleguen a la edad de jubilación. El Grupo Popular no se opone al fondo de la cuestión, pero entiende, según su portavoz adjunta Loyola de Palacio, que, "en este momento de crisis económica, por razones de principio y de ejemplaridad, es inadmisible que los diputados pensemos en asegurarnos nuestra jubilación".
La reforma del reglamento del Congreso, que incluye la polémica concesión de las pensiones, se abordó en la anterior legislatura y quedó dictaminada por una ponencia que concluyó sus trabajos en 1989, pero el texto quedó suspendido al convocarse elecciones legislativas. El pasado mayo, una nueva ponencia redactó otro proyecto de reforma ahora en trámite.
El artículo 10 de la proposición de reforma contiene la previsión de las pensiones para los diputados "que lo hubiesen sido durante al menos dos legislaturas". Ese texto es idéntico al que se consensuó en 1989, fundamentalmente por socialistas, populares y nacionalistas y, en esta ocasión, por todos los grupos de la Cámara, excepto el PP.
Durante los trabajos de la ponencia, el Partido Popular no presentó objeciones a la regulación de las pensiones aun que su representante, Loyola de Palacio, afirma que ellos mantuvieron siempre que este punto debía recogerse en un reglamento general de Cortes y no en el del Congreso.
En definitiva, el PP , según De Palacio, "no se opone a las pensiones complementarias pero sí a que en este momento de crisis se establezca un sistema, con efectos retroactivos que nos parece totalmente inoportuno por razones de principio y de ejemplaridad".
El presidente del Congreso Félix Pons, declaró ayer, aun que sin hacer referencia expresa al supuesto de las pensiones que el proyecto se ha subrayado con una línea en aquellos artículos ya acordados en 1989, como es el caso de las pensiones, aunque, inmediatamente admitió la "legitimidad" de cualquier grupo para modificar su postura.
El presidente del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, declaró que no recordaba quién propuso en 1,989 que el reglamento recogiese el tema de las pensiones pero, añadió en tono enigmático: A lo mejor prefiero no recordarlo". Más tarde, puntualizó que el asunto no lo introdujo el representante del PP, pero que la iniciativa "no partió del Grupo Socialista", sino más bien de las zonas de la derecha.
Según Martín Toval, en la actualidad cualquier diputado que se jubile con 65 años cotiza con una base muy superior a la de la pensión máxima de la Seguridad Social y que, en este momento el tema afectaría "a 10 o 12 personas en concreto".
José Ramón Caso, del CDS, recordó que las pensiones a los diputados tuvieron su origen al concluir la legislatura constituyente en 1979 y encontrarse entonces con que varios diputados procedentes del exilio, en las filas de la izquierda, tenían necesidad inexcusable de algún medio de subsistencia. El CDS pretende que los diputados deban estar al menos cinco años en el ejercicio de su función para: tener derecho a la pensión. José Luis Núñez, por IU, asegura que su grupo está conforme con la regulación de las pensiones para diputados siempre "que no haya privilegios respecto de los demás ciudadanos".
