La oposición pide que no se deje contratar con el Estado a procesados por corrupción

Los principales grupos parlamentarios de la oposición se oponen a que la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permita a los procesados por delitos de corrupción seguir contratando con la Administración hasta que no recaiga sentencia firme. Los grupos coinciden en señalar que la lentitud de la justicia española hace que, a lo largo de años, los procesados puedan seguir haciendo negocios con la Administración.PP, IU y el CDS coinciden en que la presunción de inocencia no puede ser un pretexto para que personas encausadas judicialmente por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, cohecho u otros de esta naturaleza mantengan relaciones contractuales con la Administración.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros del viernes pasado introduce una importante modificación a la Ley de Contratos del Estado de 1965 y a su reforma de 1990. Hasta ahora tanto los condenados por sentencia firme como los procesados o encausados por una serie de delitos contra la propiedad o contra el orden socioeconómico no podían formalizar contratos con la Administración; sin embargo, el proyecto del Gobierno establece que este veto sólo se aplicará a los condenados por sentencia firme.

Enrique Fernández Miranda, del PP, dijo ayer que esta pretensión del Gobierno ratifica las afirmaciones del presidente de su partido, José María Aznar, en el sentido de que se trata "de una reforma absolutamente parcial que llega 10 meses después del paquete de medidas" que el propio PP presentó.

Nicolás Sartorius, portavoz de IU, califica el proyecto, en este apartado, "como un retroceso". Para Sartorius, "si alguien está procesado, lo cual indica que hay indicios racionales de que ha cometido un delito, no es posible que se mantenga ante él la misma actitud que ante un ciudadano cualquiera".

José Ramón Caso, del CDS, recordó que su grupo presentó en el mes de julio una proposición de ley para solicitar que las personas condenadas o procesadas por delitos de corrupción no pudiesen contratar con la Administración en un plazo de 20 años. "Cuando hay un procesamiento es necesario actuar en consecuencia porque la Administración debe dotarse de garantías suficientes", las mismas que hay ante una subasta.