El Consejo de Europa impulsa la confiscación de los bienes de los traficantes
La comunidad internacional no ha reaccionado con suficiente energía contra el blanqueo de capitales procedentes de tráficos delictivos como drogas o armas, un negocio cifrado en 30 billones de pesetas anuales. Sólo un país, el Reino Unido -que lo hizo ayer- ha ratificado la convención que permite confiscar los bienes de traficantes de todo tipo, promovida por el Consejo de Europa. La convención no entrará en vigor hasta que la ratifiquen al menos tres de los 20 Estados firmantes, entre los que figura España.
Para animar a los estados a la ratificación y tratar de prevenir la transformación de los países del este de Europa en paraísos del blanqueo en un futuro próximo, el Consejo de Europa ha organizado la primera conferencia internacional sobre blanqueo de dinero de procedencia criminal, que se inició ayer en Estrasburgo (Francia).Expertos de las más diversas áreas de actividad, desde el Banco Mundial a Interpol, se sientan hasta mañana junto a delegaciones de la mayoría de los países de Europa y algunos de América del Norte, Asia y Oceanía. Por España participan representantes de Economía y de la fiscalía antidroga.
La convención, cuya firma comenzó en noviembre de 1990, pretende impulsar la colaboración internacional en la investigación, persecución, aprehensión y confiscación del dinero procedente de todo tipo de tráficos delictivos (drogas, armas o personas) o destinado a financiar actividades criminales, como el terrorismo. Su principal novedad consiste en que obligará a los países firmantes, desde que entre en vigor, a incluir en su legislación la confiscación de los bienes de los traficantes. Todos los bienes que hayan servido para la comisión de delitos cuya titularidad pasará a manos del Estado respectivo.
También se prevé la confiscación de otros bienes por el valor equivalente al de los beneficios obtenidos en las operaciones delictivas, el levantamiento obligatorio del secreto bancario, en ciertos casos, y el bloqueo de cuentas por orden judicial. Suiza ha firmado ya el texto y Luxemburgo, otro de los países bajo sospecha lo hizo ayer.
Esta filosofía innovadora supone un gran salto adelante cuando una de las primeras, constataciones de la conferencia, inaugurada por Catherine Lalumière, secretaria del Consejo de Europa, es que muchos países todavía no penalizan en sus leyes el blanqueo de dinero de procedencia criminal como delito específico o agravante de otro tipo de infracciones.
El texto de la convención fue elaborado con la participación de Estados Unidos, Canadá y Australia en un intento de facilitar que la suscribieran. De los tres, sólo Australia lo ha firmado, aunque los otros dos se encuentran representados en la conferencia de Estrasburgo. Para la entrada en vigor del texto legal es necesaria la ratificación de tres Estados, dos miembros del Consejo de Europa y otro que no lo sea. Desde noviembre de 1990, ni un solo país había procedido a su ratificación hasta ayer, cuando lo hizo el Reino Unido.
Una de las preocupaciones inmediatas del Consejo de Europa es la perspectiva verosímil de creación de nuevos paraisos financieros, con pocos escrúpulos, en algunos países surgidos del hundimiento del bloque comunista. Este riesgo, espoleado por las dificultades económicas, se hará mayor a medida que las monedas de esos países obtengan la consideración de divisas convertibles, en palabra de Thomas Sherman, director del Ente Australiano contra el Crimen.
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