Buitrago prohíbe a los inspectores urbanísticos entrar en las obras de su municipio.

A la Comunidad de Madrid le ha salido un grano urbanístico a 75 kilómetros de la capital. El actual gobierno en el Ayuntamiento de Buitrago (mayoría del PP) ha planteado una batalla para controlar la planificación de su municipio (1.300 habitantes), regulada desde unos días antes de las últimas elecciones por las normas que aprobó la anterior corporación (PSOE) con el apoyo del Gobierno regional. La justicia ha dado la razón, en un primer recurso, a la Comunidad, pero el alcalde concede licencias a su arbitrio, prohibe la entrada en las Obras a los inspectores regionales y permite la desaparición de edificios protegidos.

El descontrol urbanístico en el término municipal de Buitrago de Lozoya, situado en el límite de la provincia hacia Burgos, impera desde las últimas elecciones municipales. El partido socialista fue hasta entonces mayoritario y mantuvo buenas relaciones con el Gobierno regional, también del PSOE, como prueban las suculentas inversiones recibidas.El Ayuntamiento, en varios plenos anteriores, a esos comicios, decidió encomendar a la Consejería de Política Territorial la revisión de sus normas subsidiarias. Todos los plazos y trámites legales se cumplieron, pero la aprobación definitiva de las nuevas reglas llegó en un momento muy inoportuno, el 17 de mayo de 1991, 12 días antes de las elecciones.

El conjunto histórico de Buitrago es, además, bien de interés cultural por su recinto amurallado y por su castillo; y disfruta de un alto nivel arquitectónico de protección.

El nuevo equipo municipal lo primero que hizo al tomar el mando fue rechazar estas normas y recurrirlas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Ayuntamiento pidió la suspensión cautelar del plan hasta el final del proceso.

El Tribunal no se ha limitado a darle la razón a la Comunidad. Además ha puesto a caldo al gobierno municipal: "Los argumentos que exponen el Ayuntamiento y los vecinos [103 han apoyado el recurso] no revelan más que el mismo no les gusta. Es evidente que con tal bagaje argumental, en el que solamente y de pasada se alude a unos. defectos de planimetría, no puede accederse a la suspensión".

La justicia, vendida

Ni el alcalde, José Luis Bravo Martín, ni el secretario municipal, Jesús González, tenían en la tarde de ayer conocimiento de este auto, fechado el pasado 7 de septiembre.

A Bravo Martín, en cualquier caso, le da lo mismo. Tiene claro que el origen del conflicto es político, "porque el PSOE perdió las elecciones". Recurrió a los tribunales por pataleo porque su opinión sobre la justicia no es buena: "El tribunal tiene que hacer lo que diga la Comunidad, porque la justicia está en manos del Gobierno".

El alcalde y los vecinos que le apoyan ven fantasmas por todos lados. Bravo Martín: "No les interesa [a la Comunidad] que Buitrago suba, vaya hacia arriba. Hacen unas normas desde una mesa de un despacho de Madrid sin saber nuestras necesidades de suelo industrial".

Los vecinos se mosquean a la mínima. "Oye, que no fotografíes mi casa". "¿Pero cuál es su casa"?. "Da igual, pero no tienes derecho y no tienes por qué venir aquí a meterte donde nadie te llama". En este clima, y ante las repetidas infracciones urbanísticas cometidas en el pueblo y denunciadas por la Consejería de Política Territorial, la comisión de gobierno decidió prohibir el pasado mes de agosto la entrada a las obras que se hagan en el. municipio a los inspectores de ese departamento.

La amenaza no ha surtido efecto, y ayer presentaron en el registro municipal siete nuevos expedientes disciplinarios, uno de ellos sobre el derribo de una casa medieval catalogada como de especial protección.

En Buitrago no existe ninguna gran industria. Las nuevas normas marcan un futuro polígono y dos zonas para promoción para unas 300 viviendas, por lo que los vecinos se muestran esperanzados ante un posible crecimiento, pero quieren mucho más. La autovía comunica el pueblo con Madrid en poco más de media hora y con este argumento, principalmente, piensan que pueden admitir más industrias, una universidad privada y suelo urbanizable hasta 3.000 viviendas.

La Comunidad fijó también la altura de las nuevas casas en dos pisos y la mayoría de la corporación quiere tres plantas.

Las posturas son irreconciliables. Miguel Ángel López Toledano, director regional de Urbanismo, entiende que todo es discutible, incluso el aumento de la edificabilidad, pero siempre que se demuestre con argumentos sólidos y no meramente especulativos. "Que vengan con los avales bancarios para realizar las distintas promociones y entonces hablaremos de las licencias que realmente son necesarias", afirma.

El alcalde ve también defectos en las normas porque desarrollan muchas calles y parques: "Los parques son para la capital, en los pueblos tenemos el campo ahí al lado".