Crisis concertada

LA SINCRONÍA con que se están manifestando en casi todos los países desarrollados los efectos de la crisis, pese al diferente signo ideológico de los Gobiernos respectivos, obliga a relativizar la significación que suelen concederse a sí mismos los responsables de las políticas económicas correspondientes. La creciente interdependencia económica hace que todas esas políticas se desplieguen dentro del marco definido por instituciones como la Comunidad Europea o el Fondo Monetario Internacional, y se guíen por criterios similares respecto a las prioridades. El margen de maniobra para iniciativas nacionales no es muy grande, aunque sí lo son todavía las situaciones de partida de cada país. En España: una tasa de paro doble de la comunitaria y una inflación dos o tres puntos por encima de la de los principales países europeos. La posición de relativo atraso de la economía española respecto a la de esos países explica su crecimiento más que proporcional en la fase expansiva que se inició a mediados de los ochenta. Pero esos desequilibrios más acusados explican también que los efectos de la crisis tiendan a manifestarse más intensamente (como ya ocurrió a fines de los setenta).La experiencia de esos años, unida a la toma de conciencia de la gravedad de la situación que se avecina, está seguramente detrás del giro que parece percibirse en la actitud de los interlocutores sociales. La CEOE se dirigió ayer al Gobierno y los sindicatos pidiendo la reapertura del proceso de concertación que la propia patronal interrumpió antes del verano. Con anterioridad, las centrales -aunque quizá no las dos con idéntico acento- anunciaron que quedaba congelada la convocatoria de una nueva huelga general con que amenazaron en primavera.

A la hora del diagnóstico, hay un relativo consenso en reprochar al Gobierno su incapacidad para aprovechar la favorable coyuntura del periodo 1986-1989 para abordar los problemas estructurales de la economía española: aquellos que impiden su modernización y el aumento de su competitividad. Se sostiene que el abuso de políticas exclusivamente monetarias, de tipos de interés altos, si bien ha servido para atraer inversiones exteriores, apenas ha favorecido la modernización de la industria nacional (dado el carácter fundamentalmente especulativo de esas inversiones). A ello se añade que el enorme déficit público es un lastre que dificulta una asignación racional de recursos. Son reproches difícilmente rebatibles, si bien las responsabilidades están bastante repartidas. Malamente podrían haberse canalizado las inversiones hacia actividades productivas cuando precisamente en esos años la conflictividad laboral aumentaba en un 10% respecto al lustro anterior en contraste con la disminución producida en todos los demás países comunitarios con la excepción de Grecia. Las reformas estructurales eran necesarias, pero resultan incompatibles con actitudes como las que se manifestaron en relación a la minería asturiana, por ejemplo En cuanto al déficit presupuestario, sería cínico negar la relación entre su crecimiento desmesurado en los últimos años y el coste de los acuerdos forzados por el pulso sindical que culminó en la huelga del 14-D.

El que fuera Carlos Solchaga quien negociara esos acuerdos -como más tarde sería el avalista de unos presupuestos para 1992 contradictorios con, la política que venía propugnando- constituye una de las paradojas de la reciente vida política española; pero es cierto que pocas voces se alzaron en su día contra aquellos acuerdos. Desde la pasada primavera, la emergencia ha forzado al Gobierno a improvisar medidas necesarias pero cuyos efectos pueden ser contradictorios: la relativa a las prestaciones por invalidez transitoria provocó el portazo de la patronal a la concertación justo cuando había síntomas de deshielo sindical, sobre todo en CC OO. La oferta de la CEOE de negociar el mantenimiento del empleo a cambio de sacrificios salariales es, como han señalado las centrales, de dificil concreción empresa por empresa; pero marca una dirección que podría permitir el desbloqueo. de una situación que se prolonga desde hace bastantes años. La ausencia de concertación impidió aprovechar los años de expansión para asentar el crecimiento estable de la economía española. Tal vez la crisis favorezca ahora la rectificación.