Juan Guerra será juzgado por delito fiscal y falsedad el 30 de noviembre

Juan José Guerra González, hermano del vicesecretario general del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se enfrentará a partir del próximo 30 de noviembre a un juicio en el que el fiscal solicita para él condenas de nueve años de prisión y multas superiores a los 35 millones de pesetas, por dos delitos de falsedad en documento oficial y uno de defraudación a la Hacienda Pública. El titúlar del Juzgado de lo Penal número 9, Conrado Gallardo Carreras, firmó ayer un auto para la celebración de la primera vista del denominado caso Juan Guerra, que se desarrollará durante cuatro días.

Los hechos que se juzgarán corresponden a actividades de la sociedad Fracosur, entre ellas la compra a Ensidesa de la finca La Carrascosa. Fuentes próximas al caso han señalado, no obstante, que el juicio podría no celebrarse si alguna de las partes personadas solicita su suspensión en virtud de los dos recursos de amparo admitidos por el Tribunal Constitucional, o bien si es este órgano el que requiere al juzgado su suspensión en tanto los resuelva.Antonio Mates, defensor de Juan Guerra, señaló ayer a este diario que no solicitará ahora la suspensión: "Yo tengo pedida la suspensión desde hace más de un año y no voy a requerirla de nuevo. Ya advertí cuando admitieron los recursos de amparo que había en curso varios procesos y que debían paralizarse, pero ahora hay muchas ganas de que se suspenda el juicio, porque mientras la llama, tenga vida habrá beneficios para muchos".

El fiscal Alfredo Flores pide por esta causa a Juan Guerra y a su socio José María Ramos Reina sendas penas. de tres años de prisión y multas de 500.000 pesetas por cada delito de falsedad, y otros tres años y una multa de 35 millones a cada uno de ellos por la defraudación al fisco. Asimismo solicita penas de un año de prisión y multa de 100.000 pesetas para otros dos socios de Guerra: Carlos Pulido Tarifa y José Antonio Bellami Pozo.

Investigación de Ocisa

Por otro lado, el Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía se resistió ayer a crear una comisión de investigación del caso Ollero [pago ilegal de comisiones a intermediarios] que vaya más allá de la adjudicación, por parte de la Consejería de Obras Públicas, de una obra concreta a la constructora Ocisa y que es objeto de investigación judicial.Después de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunciara el pasado martes su propósito de aclarar las presuntas irregularidades "hasta las últimas consecuencias", el grupo del PSOE puso límite a las atribuciones de la comisión y presentó ante la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica una iniciativa que se refiere únicamente a las "posibles responsabilidades pólíticas o administrativas" de la concesión para construir el tramo de carretera Los Pedroches-Cruce de Salinas..

La oposición regional rechazó la redacción de la propuesta al considerar que coarta las labores de investigación y no profundiza sobre las posibles ramificaciones del caso, al tiempo que la calificó de "acto de cinismo político". Ante la falta de consenso, el PSOE optó por cambiar el procedimiento e introducir su iniciativa en el pleno del próximo miércoles mediante una propuesta de resolución.

La juez Pilar Llorente tendrá que esperar hasta el día 17 para saber si la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla la libera de otros asuntos para dedicarse en exclusiva al caso Ollero.