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Mañana comienza el paro del transporte de mercancías por carretera

El paro indefinido del transporte de mercancías por carretera, convocado por un conjunto de organizaciones de toda España, entre las que la más activa es la vasca Sintrabi, comenzará mañana martes, en medio de una intensa polémica dentro del sector y con la advertencia por parte del Gobierno de que aplicará las recientes leyes de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial.Esta convocatoria ha puesto de manifiesto, una vez más, las diferencias existentes entre las diversas organizaciones que dicen ser representativas dentro del sector del transporte de mercancías por carretera. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), integrada en la CEOE, y Fenadismer -dos de las organizaciones con más afiliados, al menos en los registros oficiales- han anunciado su radical oposición a las movilizaciones.

Los convocantes justifican su protesta en que el actual plan diseñado por el Gobierno no garantiza el futuro del sector. En concreto, solicitan reducir la presión fiscal; suspender la aplicación de medidas fiscalizadoras (fianzas, visados...); controlar a los transportistas ilegales e incrementar las subvenciones al sector, fijadas en estos momentos por la Administración en 12.000 millones de pesetas.

La huelga de los transportistas de mercancías por carretera cuenta con un violento precedente acaecido en el mes de octubre de 1990. En aquella ocasión, se dispararon los incidentes y muchas zonas españolas estuvieron prácticamente aisladas cerca de quince días. Ahora, los portavoces de los convocantes han advertido que la zona norte puede quedar desabastecida, aunque en un comunicado emitido el pasado viernes aseguraban que "la protesta será pacífica".

Dos nuevas leyes

Precisamente para evitar que se reproduzcan los incidentes de 1990, el Gobierno lia transmitido órdenes concreta.s a todos los gobernadores civiles de aplicar dos leyes que no exsitían entonces, la de Seguridad Ciudadana y la de Seguridad Vial.La Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Corcuera) permite a los gobernadores civiles imponer directamente multas de hasta cinco millones de pesetas a los manifestantes. Además, contempla que el cobró de estas multas, una vez rechazado el recurso administrativo, no es paralizado por la presentación de un recurso. Por su parte, la Ley de Seguridad Vial permite la retirada inmediata del carné de conducir a quien obstaculice el tránsito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de agosto de 1992