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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Negreros de patera

CON LOS 195 inmigrantes ilegales detenidos ayer en las costas de Almería son ya 400 los ciudadanos de diversos países africanos capturados en similares circunstancias en los últimos días. La semana anterior, los apresados fueron, tan sólo en las playas próximas a Tarifa, 128. En 1991, la cifra total de detenidos fue de casi 4.000. No hay datos fiables que permitan establecer qué porcentaje suponen esas cifras en relación al número total de africanos que intentan arribar a España ilegalmente por el Estrecho. Algunas fuentes estiman que aproximadamente uno de cada dos consigue su objetivo. Pero lo más dramático es que entre quienes no lo consiguen figura un número, impreciso pero considerable de personas que pierden la vida en el empeño: con los cuatro cadáveres rescatados el pasado fin de semana -tres en aguas de Tarifa y otro aplastado por un autocar en cuyos bajos se había ocultado dentro de la bodega de un buque- son ya 50 los inmigrantes ilegales de cuyo fallecimiento se tiene constancia en lo que va de año.La mayoría de esas víctimas lo son por asfixia o por ahogamiento. El primer caso fue trágicamente puesto de relieve en febrero pasado por el relato de los sobrevivientes de una travesía a bordo de un pesquero en cuya bodega dijeron que se hacinaban 250 ilegales. Los casos de ahogamiento se producen en su mayoría cuando el patrón de la embarcación obliga a sus pasajeros a arrojarse al agua a 100 o 200 metros de distancia de la playa a fin de evitar ser descubierto por las patrullas.

El contraste entre las numerosas detenciones de inmigrantes ilegales y las muy escasas de esos explotadores que pilotan las lanchas (llamadas pateras) en que son trasladados no puede dejar de llamar la atención. Según el testimonio de vecinos de la zona, es habitual que la Guardia Civil esté esperando a los inmigrantes que llegan penosamente nadando, mientras que la embarcación que les ha traído emprende tranquilamente viaje de regreso a Tánger sin ser interceptada por las lanchas rápidas del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Se ha repetido hasta la saciedad que si hay personas dispuestas a exponerse a los riesgos de tan incierta travesía es porque poderosas razones económicas, demográficas, sociales, les impulsan a hacerlo. Ello aconseja mantener una política migratoria realista y flexible, pero no por ello se puede suprimir todo intento de regulación de los flujos. Y sobre todo, no autoriza a seguir haciendo la vista gorda frente a los desaprensivos que se aprovechan de la necesidad de esos jóvenes africanos para hacer engordar su siniestro negocio de negreros: entre 60.000 y 100.000 pesetas es el precio que cobran por una travesía que puede terminar en las playas de Tarifa, pero también en el cuartel de la Guardia Civil o en el fondo del mar.

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Cincuenta personas muertas desde enero es una cifra lo suficientemente alarmante como para adoptar medidas eficaces contra esos desaprensivos y, eventualmente, contra quienes pudieran estar, a ambos lados del Estrecho, facilitándoles la labor mirando para otro lado'en el momento oportuno. Ello implica, desde luego, la colaboración de las autoridades de Marruecos. Estos días, por primera vez desde la firma del convenio correspondiente, el Ministerio del Interior de ese país ha aceptado hacerse cargo, a efectos de su repatriación, de los inmigrantes ilegales procedentes de terceros países (Nigeria, Liberia, Ghana, hasta Suráfrica) llegados a España vía Marruecos. La necesaria colaboración en materia de emigración pasa ahora por una enérgica acción contra esos negreros de las pateras.

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