Empleados de Esabe rompieron, el precinto de la saca del dinero del 'caso Ollero' para cambiar los billetes

La empresa de seguridad Esabe mezcló con otros los 22 millones de pesetas en billetes nuevos de 10.000 incautados a Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, a pesar de que se encontraban en una saca precintada y de que fue entregada con la siguiente advertencia escrita: "Esta bolsa no debe ser utilizada. Su contenido es depósito de la Policía Judicial". Izquierda Unida y el Partido Andalucista pidieron ayer que se depuren responsabilidades por la sustitución de los billetes originales, principal prueba material en el caso de las comisiones ilegales.

Según fuentes próximas a la investigación, la Policía entregó la saca con el dinero en la oficina del Banco Bilbao-Vizcaya ubicada en los juzgados de Sevilla el 15 de julio por la mañana, horas después de la detención de Ollero. A las 14.00 horas de ese día, empleados de Esabe Seguridad Andalucía recogieron la saca precintada, con el recibo que advertía de que su contenido era una prueba judicial. La misión de Esabe era trasladar el dinero a la sede central del BBV en Sevilla, en la calle Granada, ya que la oficina de los juzgados carece de cámara acorazada.Al día siguiente, Esabe entregó la saca en la sede central del BBV, pero ya había sido abierta, rompiendo el precinto, y los billetes originales sustituidos por otros del mismo valor. El cambio se descubrió semanas después, cuando un empleado del juzgado se trasladó al banco para realizar una diligencia con el dinero. Un portavoz del BBV indicó ayer que "el banco ha obrado con la debida diligencia y no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido". Ayer, como el martes, fue imposible obtener una explicación por parte de Esabe.

El magistrado José Alejandre, sustituto de Pilar Llorente, la juez que instruye el caso, ha abierto una investigación sobre la pérdida de la prueba, para lo que ya ha recibido declaración por escrito de los responsables del BBV. Fuentes jurídicas atribuyeron ayer a "una negligencia" de la empresa de seguridad el extravío de los billetes originales, pero aseguraron que este hecho no impedirá identificar el origen del dinero, ya que el juzgado conserva las anotaciones de los números y las series de los billetes.

La difusión de esta noticia (ver EL PAÍS de ayer) causó la sorpresa y la indignación de los partidos de la oposición en Andalucía. Izquierda Unida solicitó "la apertura de una investigación a fondo que señale las responsabilidades de la desaparición" del dinero, mientras el Partido Andalucista instó a la juez a "iniciar las actuaciones que estime pertinentes para depurar responsabilidades".

El presidente de IU en Andalucía, Luis Carlos Rejón, pidió en declaraciones a Servimedia que la juez Llorente suspenda sus vacaciones para investigar el incidente y añadió: "Lo siento por la juez, pero es que esto es muy grave. Por esa misma regla de tres, mañana las grabaciones de las conversaciones telefónicas de Jorge Ollero no aparecen porque la limpiadora de los juzgados ve unos cuantos casetes y se los lleva para que su niño grabe a los de No Me Pises Que Llevo Chanclas".

Dos altos cargos

De otro lado, Maximiliano Navascués y Luis Nogueira, director regional y secretario general de Ocisa, la constructora investigada por el presunto pago ilegal de comisiones, declararon ayer ante la Policía judicial y el juez Alejandre. Los dos altos cargos, que comparecieron como testigos pero fueron advertidos de que les acompafiara un abogado, negaron implicación en el pago de 28 millones de pesetas al industrial Pedro Llach, inculpado en este caso.

El interrogatorio no se limitó al pago de esta presunta comisión ilegal, sino que abarcó también "aunque superficialmente", según fuentes jurídicas, la concesión a Ocisa de otras obras públicas en Andalucía, como la remodelación de la calle del Torneo en Sevilla o la depuradora del Puerto de Santa María.

La ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, expresó ayer en Sevilla su "satisfacción" por la "rápida e inmediata reacción" de la Junta y del PSOE ante el presunto cobro de comisiones ilegales, informa Efe. La ministra destacó "la reacción inmediata del PSOE de Andalucía personándose en lo que sea necesario".