Chaves prescinde del director de Carreteras, acusado de cohecho, a los dos días de defenderle

La Junta de Andalucía destituyó ayer al director general de Carreteras, Manuel Ollero, inculpado de delito de cohecho (sobornar a un funcionario público) en el sumario abierto por el pago de comisiones ilegales en la concesión de obras públicas en la región. Aunque la destitución se presentó como una dimisión voluntaria e irrevocable, la decisión fue acordada, si no inducida, por los máximos responsables del Gobierno andaluz poco después de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se entrevistara el domingo por la noche con el jefe del Gobierno, Felipe González, quien asistió en Sevilla a un homenaje al cantaor flamenco Antonio Mairena. Hasta entonces, Manuel Chaves había defendido con énfasis a Manuel Ollero.

El cese de Manuel Ollero se consumó ayer por la mañana, cuando el director general de Carreteras presentó al consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan José López Martos, su carta de dimisión.El cese del alto cargo se produce un día después de que se celebrara la última reunión antes de las vacaciones del Consejo de Gobierno andaluz durante la cual, según su portavoz, no trató en absoluto el tema.

El propósito de la Junta ha sido rebajar el tono de la dimisión, evitando que coincida con una reunión en pleno del Gobierno regional y presentándola como un asunto que puede ser resuelto entre un director general y su inmediato superior.

No obstante, el caso de las comisiones ilegales se ha convertido ya en un problema político de primer orden para la Junta y para el PSOE de Andalucía, preocupados por la posibilidad de que se repita el goteo de informaciones escandalosas que acompañó la instrucción de los sumarios de Juan Guerra.

Carta de dimisión

En el texto manuscrito de la misiva, el dimisionario califica de "absolutamente injusta" la situación en la que se encuentra tras la difusión del escándalo. Este es el texto íntegro de la carta:

"Querido Consejero:

La situación que vengo soportando en los últimos días y que considero absolutamente injusta me afecta muy profundamente desde el punto de vista personal y profesional. Ello me induce a presentar mi dimisión con carácter irrevocable del cargo que ejerzo.

Durante toda mi carrera administrativa que inicié en el año 1970 he actuado con el total convencimiento de estar ejerciendo mis funciones con dedicación, rectitud y probidad.

Los comentarios y afirmaciones que haya podido realizar mi hermano Jorge Ollero en relación conmigo me han producido un grave problema y una honda preocupación.

Te ruego, en consecuencia, que me releves de mi cargo para actuar con toda libertad tanto desde el punto de vista jurídico como personal.

Siempre a tu disposición te envío un fuerte abrazo".

Es muy probable que el presidente andaluz, Manuel Chaves, consultara el tema con el jefe del Gobierno y secretario general del PSOE, Felipe González, aprovechando la visita que éste efectuó a Sevilla el domingo, para asistir a un homenaje al cantaor flamenco Antonio Mairena, camino de Huelva, donde el lunes se reunió el Consejo de Ministros.

A diferencia de lo ocurrido durante el caso Guerra, los socialistas andaluces han intentado adoptar ahora una posición activa, con el intento de la Junta de personarse como acusación particular en las diligencias, desestimado por la juez, y con la destitución del único cargo público implicado hasta ahora. Tanto el presidente Manuel Chaves como el consejero de Obras Públicas, Juan José López Martos, intentaron ayer en Córdoba suavizar la medida con declaraciones elogiosas hacia el ex director general. Chaves dijo que la dimisión "está basada, fundamentalmente, en motivos personales y familiares, por las imputaciones que le hace su hermano", mientras que López Martos agregó que "es una desgracia perder a un buen colaborador", informa Efe.

La Junta espera haber cortado, con la dimisión de Ollero, cualquier posible vínculo de la institución con el escándalo de las comisiones Ilegales, aunque el propio Chaves admitió ayer que el ex director general podría no ser la única víctima política del escándalo. "Si sale cualquier otra cosa", declaró el presidente andaluz, la Junta de Andalucía tendrá lógicamente que actuar".

Mientras se mantenga el secreto del sumario decretado por la juez, "lo serio, riguroso y justo es mantener la presunción de inocencia", agregó el jefe del Gobierno andaluz. Este argumento era utilizado hasta ayer por los responsables de la Junta para justificar el mantenimiento en su cargo del director general.

Manuel Ollero, ingeniero de caminos y funcionario del Estado, sin carné del PSOE, fue nombrado director general de Transportes por el entonces consejero de Obras Públicas y actual responsable de Economía y Hacienda de la Junta, Jaime Montaner. En septiembre de 1990, meses después de las elecciones autonómicas que dieron la presidencia de la Junta a Manuel Chaves, López Martos fue nombrado consejero de Obras Públicas y Ollero cambió la dirección general de Transportes por la de Carreteras.

El escrito anónimo recibido por el juez Ángel Márquez, que dio origen a las diligencias judiciales que han acabado con la imputación por cohecho del alto cargo de la Junta, acusaba a Ollero de filtrar información privilegiada sobre adjudicaciones de obras públicas a dos industriales vinculados al PSOE.

Sin embargo, dicho escrito situaba los hechos en la época en que Montaner estaba en Obras Públicas. En medios próximos a la Junta se sospecha que el actual responsable de Economía, al que ya se mencionó como supuesto implicado en anteriores escándalos, es el verdadero objetivo de quienes redactaron el anónimo.