La fiscal pide 33 años de inhabilitación para Hormaechea

La fiscal Pilar Martín Nájera reclama en sus conclusiones provisionales 33 años de inhabilitación especial para el presidente cántabro, Juan Hormaechea, por cuatro delitos de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) y otro de malversación de caudales públicos. El ministerio público, que comunicó ayer su petición provisional de penas en el caso Hormaechea, reclama otros 32 años de inhabilitación especial por los mismos delitos para Roberto Bedoya, vicepresidente del Ejecutivo regional. Hormaechea anunció anoche que piensa querellarse contra el juez que dictó su procesamiento.

Penas similares, aunque con una duración ligeramente inferior en algunos casos, reclama la fiscal para los ex consejeros David Puebla, de Economía y Hacienda; Rogello Pérez Bustamente, de Cultura; Ricardo Conde Yagüe, de Sanidad, y Gonzalo Viñeiro García Lago, de Turismo e Industria.También están inculpados consejeros del anterior Consejo de Gobierno que pertenecen al actual: Alberto Rodríguez, de Presidencia; Vicente de la Hera, de Agricultura y Ganadería; José Parra, de Sanidad, y Dionisio García Cortázar, de Cultura. Las conclusiones provisionales de la fiscalía no prevén penas de cárcel para ninguno de los acusados.

El fiscal jefe de la Audiencia de Santander, Lucio Valcárce, indicó ayer al presentar a los medios de comunicación las conclusiones provisionales que los cuatro delitos de prevaricación se refieren a otras tantas causas investigadas por el juez instructor César Tolosa: la declaración de zona de interés cultural de Las Llamas; el encargo de un estudio técnico de inversiones en infraestructuras rurales a la empresa Cantel, SA; la adjudicación de carteles de obras a la sociedad Oyprocansa y el encargo a la Asociación Estudios Comunicación de Autonomías de una encuesta sobre la gestión del Gobierno regional.

El delito de malversación de caudales públicos lo cometieron los procesados, según la fiscalía, en la adjudicación de carteles a Oyprocansa. El ministerio público estima que Hormaechea no es, en cambio, responsable de otro delito de malversación de fondos públicos del que le acusaba el juez instructor por enviar a periódicos y emisoras de radio numerosas notas, con cargo a la Diputación Regional, para responder a los ataques de la oposición. La fiscalía otorga el carácter de publicidad y propaganda a dichos comunicados.

Conclusiones provisionales

Las conclusiones provisionales reflejan que Juan Hormaechea y sus consejeros obraron con gran falta de respeto para el ordenamiento legal, como la Ley de Contratos del Estado o la de Finanzas. "En definitiva", puntualizó ayer el fiscal jefe, "los procesados, en el ejercicio de su cargos, se olvidaron de la normativa administrativa en favor de la cuestión política".

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La fiscalía sugiere que la causa se siga por la fórmula de procedimiento abreviado. Según Valcárce, dada la amplitud del sumarlo -más de 10.000 folios-, el juicio oral no podrá celebrarse antes de la primavera de 1993.

Hormaechea respondió anoche al anuncio de petición fiscal amenazando con presentar una querella por prevaricación contra el juez César Tolosa, que investigó las presuntas irregularidades y dictó su procesamiento. El presidente cántabro, licenciado en Derecho, dijo que firmará como abogado esa querella cuando aclare si puede existir incompatibilidad con el cargo que ocupa. Respecto al criterio del fiscal de que podría haber existido falta de asesoramiento, Hormaechea dijo que los políticos no tienen por qué solicitar asesoramiento, "sino que Pos funcionarios] nos lo tienen que dar, imponer y exigir". Tras mostrar su convecimiento de que parte de los miembros del Gobierno central "terminarán en la cárcel", Hormaechea arremetió contra los funcionarios: "Esta diputación está gobernada por una harca peor que la de Abd el-Krim, pero yo podré con ella".

El Gobierno cántabro, por su parte, mostró ayer su disconformidad con la petición de penas de la fiscalía, aunque añade que las conclusiones provisionales le dan la razón en ciertos puntos de la causa, según informa la agencia Europa Press.

El Ejecutivo regional insiste en su comunicado que éste es un caso de "presuntas anomalías administrativas que, en ningún caso, pueden tener una calificación penal".

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