La Junta de Andalucía, contra las cuerdas

La sospecha se ha instalado en los pasillos de las dependencias de la Junta de Andalucía. Una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en la financiación del PSOE que llegó a las manos del juez Ángel Márquez -el instructor del caso Juan Guerra- ha puesto de nuevo en entredicho la honorabilidad de altos funcionarios del Gobierno andaluz. Seis meses de investigaciones secretas por parte de la juez Pilar Llorente y la policía judicial han puesto contra las cuerdas a la Consejería de Obras Públicas y otros departamentos. El ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, aseguró ayer en Sevilla que el Gobierno no está preocupado por las repercusiones del denominado caso Ollero.

El PSOE se encuentra de nuevo en el ojo del huracán y se ve en la tesitura de demostrar que es ajeno a una presunta corrupción realizada en los aledaños del poder que ostenta en la comunidad andaluza.Los dirigentes socialistas han anunciado que se esforzarán en mostrar que el cobro de comisiones ilegales por Jorge Ollero, hermano del director general de carreteras de la Junta de Andalucía, a la empresa Obras y Construcciones Industriales, SA (Ocisa) por la adjudicación de obras de la Administración andaluza no ha sido una práctica del PSOE, sino de personas privadas.

"Lo podrido tiene nombres y apellidos", según el secretario federal de finanzas del PSOE, Francisco Fernández Marugán. "Nosotros", precisó ayer, "lo que vamos a hacer es enfrentarnos a esa situación, para que una organización como esta no se vea perjudicada por el comportamiento de unos individuos tan poco dignos".

El responsable de las finanzas en la ejecutiva federal del PSOE, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado a la agencia Europa Press que "la financiación irregular no existe".

"Nosotros", agregó Fernández Marugán, "vivimos de las aportaciones que hacen los afiliados del PSOE y de las subvenciones que obtenemos de los Presupuestos Generales del Estado". El dirigente socialista añadió: "Es propósito del Partido Socialista personarse en defensa de sus intereses una vez que se levante el secreto del sumario" abierto por la juez de Instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente.

Personación del PSOE

El caso es que el partido socialista ha intentado ya personarse como perjudicado en el proceso, aunque no lo ha conseguido debido a que la fiscal María Auxiliadora de la Rosa se ha opuesto.

La citada fiscal alega que el único perjuicio hasta este momento para el Partido Socialista puede proceder de informaciones de prensa y, por tanto, lo procedente es que ejerza la acción popular, como otras fuerzas políticas, como Por ejemplo Izquierda Unida.

La declaración de secreto del sumario por parte de la juez Llorente y el sigilo con el que se van sucediendo las declaraciones de presuntos implicados, entre los que se encuentra el director gene ral de Carreteras andaluz, Manuel Ollero, está destrozando los nervios de los dirigentes andaluces del PSOE que ven como se les echa encima un nuevo caso Guerra.

Las intervenciones telefónicas -seis meses de grabaciones de las conversaciones entre el intermediario Pedro Llach; Jorge Ollero, hermano del director decarreteras, y otras personas que filtraron datos sobre la adjudicación de obras públicas en esa comunidad autónoma- se ciernen como una espada de Damocles. Nadie sabe cómo ha sido mencionado por los implicados y éstos no recuerdan qué dijeron hace seis meses.

De hecho, la detención de Jorge Ollero en las proximidades del aeropuerto de Sevilla cuando portaba un maletín con 22 millones de pesetas procedentes de un pago efectuado por el presidente de Ocisa, Jesús Roa, a Pedro Llach, parece ser sólo la punta del iceberg.

La denuncia anónima abarcaba varios aspectos de la actividad pública, de los que algunos, como los relativos al juego ya fueron investigados con motivo del caso Guerra.

Fuentes que conocen de cerca la investigación han asegurado, sin embargo, que la denuncia sólo fue el origen de todo el proceso. Las investigaciones han deparado novedades que nada tienen que ver con el anónimo.

Las pesquisas, con las vacaciones del mes de agosto, han entrado en una fase de relajación, y afectarán únicamente a las pruebas documentales.

La última persona en prestar declaración por el momento, el pasado viernes, fue Antonio Mena Anisi, que fue requerido como testigo en su condición de arquitecto asesor de la dirección general del patrimonio en la Consejería de Economía y Hacienda. Antonio Mena fue citado por Pedro Llach, en una de las conversaciones telefónicas que le grabó la policía judicial de Sevilla.

Secreto de sumario

"En relación con el último caso detectado en Andalucía, es propósito del PSOE personarse en defensa de sus intereses una vez que se levante el secreto del sumario", se ha limitado a indicar Fernández Marugán. "Si se detectan comportamientos irregulares en personas que han podido perjudicarnos", ha agregado, "actuaremos en consecuencia".

Jorge Ollero, inculpado de cohecho por el cobro de comisiones ilegales a la empresa constructora Ocisa, implicó a su hermano, Manuel Ollero, director general de carreteras de la Junta de Andalucía, y al secretario general del PSOE andaluz, Carlos Sanjuán, en una presunta red de financiación del Partido Socialista mediante comisiones ilegales a constructoras.

Poco después, a instancias de su propio hermano Manuel, Jorge Ollero rectificó y sostuvo que el secretario general del PSOE de Andalucía, Carlos Sanjuán, "no tiene nada que ver" en el caso en que se encuentra inculpado.