Paz en el Dniéster

EL ACUERDO de paz firmado en Moscú el pasado 21 de julio, después de meses de guerra en las orillas del Dniéster, abre un riesquício a la esperanza. El conflicto enfrentaba a la República de Moldavia, habitada en su gran mayoría por personas de idioma rumano, con la minoría rusohablante, residente al este del Dniéster, que había proclamado su propia república con la pretensión de alcanzar la plena independencia. Los combates, con una intensidad creciente, causaron cientos de muertos y miles de heridos, y obligaron a muchos más a abandonar sus hogares para escapar de las matanzas y destrucciones. Horrible en sí misma, esta guerra representaba un riesgo serio de convertirse en un conflicto internacional. La secesión de los rusos y ucranios del este del Dniéster era apoyada por el XIV Ejército de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), mientras el Gobierno de Kichinev (capital de Moldavia) recibía ayuda militar de Rumania.Es significativo que la firma del acuerdo de paz en Moscú se hiciera en presencia del presidente ruso, Borís Yeltsin; del presidente de Moldavia, Mircea Snegur, y de Ígor Smirnov, presidente de la llamada república rusófona del Transdniéster. La paz ha sido celebrada conjuntamente por los jefes de las tropas que han estado combatiendo encarnizadamente hasta ahora. El acuerdo logrado ahora demuestra la inutilidad de unas matanzas que han costado vidas y sufrimientos indecibles. Unos políticos sensatos hubiesen podido elaborarlo sin una guerra, provocada por la locura de los nacionalismos extremistas.

Las estipulaciones del acuerdo de paz se basan en tres puntos fundamentales: los rusohablantes permanecen dentro de Moldavia, y esta república conserva su integridad territorial; a la vez, gozarán dentro de Moldavia de un estatuto especial que les garantizará el uso de su lengua y el respeto a su cultura. Además, en el caso de que Moldavia decidiese cambiar su actual ubicación internacional (es decir, en la hipótesis de que decidiese incorporarse a Rumania), los rusohablantes podrían hacer uso de su derecho de autodeterminación. La filosofia de esta solución -y por ello tiene un valor general- es la no identificación entre estructura estatal y rasgos nacionales. Si se intentase tal identificación se llegaría a una pulverización de los Estados hasta hacerlos inviables. A la vez, se dan garantías de que los diversos idiomas y culturas serán respetados y de que habrá una coexistencia fructífera entre ellos dentro de un mismo Estado.

Es evidente que estos principios son insoslayables para que pueda reinar un mínimo de estabilidad en numerosos Estados europeos, y especialmente en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. En ese orden se plantea el problema particularmente agudo de los 25 millones de rusos que viven fuera de su república. Han sido, por lo general, unas minorías privilegiadas que representaban al pueblo dominante y ocupaban puestos dirigentes. El proceso por el que ahora pasen a ser minorías normales, privadas de los privilegios del pasado, entraña en sí dificultades. Pero éstas pueden alcanzar una gravedad imprevisible si se impone un extremismo nacionalista antirruso en algunas de las repúblicas que han recuperado su independencia.

El caso más escandaloso es el de Letonia y Estonia, que han aprobado leyes privando a la población de origen ruso, muy numerosa en ambos países, del derecho de ciudadanía: no podrán votar ni tendrán derechos iguales en materia de propiedad. Al establecer una categoría de habitantes discriminados se crean las peores condiciones para la estabilidad interna de esas repúblicas. Rusia se ha comprometido a retirar en un plazo breve las tropas que aún se encuentran en los países bálticos, pero dicha evacuación será más difícil si los rusos son maltratados jurídicamente. Por otra parte, tales medidas llevarán inevitablemente a exacerbar el nacionalismo ruso, lo que de ninguna forma conviene a la tranquilidad de Europa.