Drama en Colombia

EL ESTADO de derecho tiene unas reglas de funcionamiento que no siempre son fáciles de aplicar, pero que nunca ningún Gobierno debe reconocer como incumplibles, so pena de socavar los cimientos mismos de la sociedad. Es lo que le está pasando al presidente Gaviria, de Colombia, con su tratamiento del problema del narcotráfico y, más específicamente, con la aparente neutralización del más peligroso capo, Pablo Escobar, jefe del tristemente célebre cartel de Medellín.

El encarcelamiento de Escobar fue acogido en su momento con júbilo por la población. Parecía, en efecto, que un problema intratable quedaba amigablemente resuelto y que con ello se aseguraba la paz social. Pero la solución tenía trampa: ningún criminal puede ser encarcelado porque ésa sea la alternativa que él ofrece por contraposición al estado de guerra. El cese de hostilidades es entonces pura apariencia: en cuanto algo contraría al delincuente, abandona la cárcel, se esconde en su territorio y vuelve a tomar el país como rehén (es más: el narcotráfico ni siquiera dejó de existir ni Escobar de dirigirlo, y el rosario de muertes no se interrumpió como consecuencia de su pacto con el Gobierno). El Estado no puede suspender la aplicación de las reglas del derecho para ceder a las exigencias de unos delincuentes con tal de conseguir una paz que es un espejismo. Sus argumentos están en las leyes, y los de los delincuentes, en la muerte; dos cantidades heterogéneas.

César Gaviria llegó a la presidencia de la república con un plan de pacificación y una idea de reforma de la Constitución innovadores e inteligentes. Se trataba de acabar con la corrupción, las banderías, el caciquismo. Consiguió su reforma, consiguió que las guerrillas depusieran las armas, consiguió un ambiente nuevo en el país: la esperanza de una vida pacífica y de prosperidad. Se comprende que al presidente Gaviria, ante el problema más grave de todos, el poder de los narcos, le tentara aceptar una componenda con tal de alcanzar la paz y neutralizar a los delincuentes. Se comprende, pero no es admisible. Como está demostrando la práctica, la abdicación de la soberanía del Estado convierte el remedio en peor que la enfermedad. De hecho, compró la neutralización de los narcotraficantes con una moneda que no podía pagar: al pactar con ellos, se puso en sus manos. En teoría, Escobar estaba encarcelado, y lo lógico era que ello permitiese al Estado consolidar su autoridad y tomar medidas para debilitar y derrotar a los narcotraficantes. Pero, de hecho, Escobar, en una cárcel que él mismo controlaba, continuaba desarrollando su actividad criminal.

. Cuando el Gobierno decidió poner fin a esa situación y encerrarle en un cuartel del Ejército, Escobar organizó un levantamiento con los propios funcionarios que estaban a su sueldo y luego se fugó. Ahora quiere tratar de tú a tú con el Gobierno, poniendo condiciones para su retorno a la cárcel. Parece como si en Colombia existiesen dos poderes: uno, el de los narcos, el más fuerte; otro, el del Estado legal, con una actitud vacilante que deja las principales bazas en manos de los criminales.

Una dramática frase pronunciada hace algún tiempo por un funcionario colombiano resume perfectamente la situación en que se encuentra el Estado con respecto a la mafia de la droga: "En Colombia hay dos clases de jueces: los millonarios y los muertos". Esta terrible sentencia da idea de hasta dónde los carteles de Medellín y de Cali tienen capitidisminuido al Gobierno. Si Gaviria no es capaz de cambiar radicalmente esta línea de debilidad, si no adopta una política de firmeza contra el crimen, buscando para ello el apoyo de las fuerzas sanas, el futuro de Colombia se presenta muy sombrío.