La Comisión Europea apoya un fondo de cohesión contrario a la petición de España

Los criterios de reparto del futuro fondo de cohesión se oponen a las demandas del Gobierno español ante la CE, según el proyecto de reglamento debatido ayer en Bruselas por la Comisión Europea y que será aprobado definitivamente el próximo día 31. España, Portugal, Grecia e Irlanda serán los beneficiarios exclusivos de una ayuda especial de 1,3 billones de pesetas en cinco años para compensar la reducción de inversiones públicas por culpa de la convergencia.

España aspiraba a recibir el 62% de esa cantidad propuesta pero aún no aprobada, y que es sólo la mitad de la cifra que las autoridades españolas consideraban necesaria. Entre las condiciones, figura "el equilibrio entre proyectos de transportes y medioambiente", cuando Madrid confiaba concentrar las ayudas comunitarias en infraestructuras y atender sólo de forma muy secundaria a la ecología. El propio ministro de Exteriores, Javier Solana, insistió el pasado lunes en la prioridad que tiene en el programa de convergencia. La inversión en infraestructuras absorberá el 5% del PIB en los próximos cinco años. La contribución de la CE se hace todavía mas necesaria tras las medidas de ajuste del Gobierno.La mayoría de los comisarios se inclina además por fijar una lista de proyectos "establecida por la Comisión", lo cual deja las manos atadas para el empleo del. dinero a los Gobiernos. Otro punto de discrepancia es la posibilidad de "guardar en reserva" para cada Estado una parte de esas ayudas que se concederían a proyectos futuros.

La subordinación de las ayudas al cumplimiento de los objetivos de déficit público no preocupa especialmente y entraría en vigor a partir del cuarto año. El programa de convergencia español dispone de margen de maniobra porque el objetivo es el 1% del PIB cuando la moneda única sólo obliga al 3%.

El fondo de cohesión fue aprobado en Maastricht para compensar el mayor ajuste de convergencia de los cuatro países menos desarrollados de la CE. Según el proyecto incial, estará dotado con 1,3 billones de pesetas en cinco años. Sobre la cantidad no existe todavía acuerdo, aunque el 27 de junio decidieron que entrara en vigor en enero.